Lo más grave NO es que la deuda de Nuevo León se vaya a incrementar con el nuevo endeudamiento y la bursatilización por 9 mil millones de pesos de la Red Estatal de Autopistas.
Tampoco lo más lamentable NO es la creación de más impuestos como el de casinos, el aumento de otros gravámenes como el ISAI o mantener el cobro de la tenencia vehicular para el 2017 pese a que ya se había cancelado.
Ni lo más preocupante es la conformación de un fondo de seguridad municipal por casi mil millones de pesos cuyo reparto se realizará sin reglas y en la más absoluta discrecionalidad por parte de los diputados locales.
No.
Lo más lamentable, grave y preocupante de la negociación presupuestal fue lo que pasó en el Congreso del Estado, la complicidad entre el Gobierno de Jaime Rodríguez y los diputados del PRI y PAN, para repartirse impunemente miles de millones de pesos provenientes de los impuestos de los contribuyentes regiomontanos, dinero que no se reflejará en un beneficio social.
Eso es lo más indignante de la negociación presupuestal que este fin de semana se concretará en el Congreso del Estado.
Hoy viernes se espera que el goberna dor Jaime Rodríguez, “El Bronco”, acuda al Congreso del Estado para cerrar el acuerdo presupuestal con los diputados locales.
Russildi entre tráfico de influencias
Desde hace meses en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado existe un resolutivo que sospechosamente no llega a la oficina del titular de esta dependencia, Roberto Russildi, para su firma y ejecución.
El asunto detenido se trata de la orden de clausura del rancho ganadero Denes, que por años ha sido denunciado por contaminar indiscriminadamente el suelo, aire y el río Cabezones en el municipio de Montemorelos.
No se sabe con certeza por qué este tema está detenido en la dependencia estatal, pero en el medio se sospecha que detrás de esta tardanza inusual más allá de un problema burocrático está un posible tráfico de influencias y conflicto de interés.
El caso involucra al exdelegado de la Profepa José Luis Tamez, hoy asesor de Marcelo Villarreal, propietario del rancho agropecuario Denes, y una excolaboradora suya hoy convertida en directora de la dependencia que encabeza Russildi.
Se sospecha que Tamez esté utilizando su relación con Erika Salinas, directora Intersectorial en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para evitar que el Estado clausure el rancho por no cumplir las normas ambientales de Nuevo León.
¿Estará enterado Russildi de lo que hace o mejor dicho deja de hacer su subalterna?
Hitazo de Waldo Fernández
Un hitazo logró meter ayer en el Congreso federal el diputado federal de Nuevo León, Waldo Fernández.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa suya para reformar la Ley Federal de Defensoría Pública.
La idea con esta iniciativa es transparentar el trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública, y hacer público por ejemplo algo tan elemental como el padrón de abogados públicos que integran este organismo y sus méritos curriculares.
Era inconcebible que en los tiempos actuales de transparencia y rendición de cuentas el Instituto Federal de Defensoría Pública siguiera operando como en la época de las cavernas.
