La seguridad pública es responsabilidad de todos, tanto del gobierno en sus tres órdenes como de los ciudadanos. Cada quien, en su ámbito de acción, debe hacer lo que le corresponde.
En lo que a las autoridades respecta es necesario que la instancias encargadas de elevar los niveles económico, educativo, cívico y cultural de la población emprendan acciones dirigidas específicamente a apoyar a las ciudades, municipios y comunidades que padecen el problema, porque en materia de seguridad pública todo suma y, desafortunadamente, todo resta.
Como señalamos Rubén Aguilar Valenzuela y quien esto escribe en el libro Jaque Mate al Crimen Organizado, toda estrategia, plan, programa y acción en materia de Seguridad Pública empieza por la voluntad de los gobernadores. Sin concurrencia, el Gobierno federal no podrá frenar de manera decidida y permanente la delincuencia organizada.
Sí, en cambio, puede tener un éxito rotundo un gobernador capaz de coordinar acciones con las fuerzas armadas, mejorar profesional y materialmente a las policías estatal y municipales, aplicar mano dura en el cierre de fuentes de financiamiento del crimen organizado y colaborar con los alcaldes para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población.
Ahí está Coahuila, donde esto se hizo desde 2012 y sigue operando. Ahora el estado es una excepción en un México que se incendia día a día, no solo por la violencia, abierta y extendida, de la delincuencia organizada que se sabe impune sino por la polarización política que ha dividido profundamente a la sociedad.
Está comprobado a nivel mundial que las sociedades más polarizadas son las más violentas y, por ende, con mayor índice delincuencial. Ambos factores interactúan estrechamente e inciden directamente uno sobre el otro.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que una ciudadanía dividida, que desconfía de los rivales políticos y no está dispuesta a ceder para llegar a acuerdos, tiene mucha mayor dificultad para avanzar hacia objetivos comunes, sostener políticas públicas de largo alcance y tiempo, establecer marcos regulatorios que inspiren confianza y, por supuesto, mantener la paz y la seguridad públicas.
Las polarizaciones sociales en todo el mundo surgen de la injusticia social, ciertamente, pero las agudas, las más peligrosas, como la que vive México, provienen de extremismos políticos, muy comunes en América Latina y El Caribe, que han dejado a nuestros países sumidos en mayor pobreza e inseguridad y a las sociedades muy lastimadas, con predisposición a la violencia, resignación ante la impunidad y la delincuencia.
Qué no nos pase. En materia de Seguridad Pública, lo que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer como ciudadanos es, antes que nada, dejar de polarizarnos, evitar que la emoción y la consecuente irreflexión nos ganen, no violentar, ni siquiera verbalmente, “al enemigo”, no delinquir, no normalizar la delincuencia, sea quien sea quien incurra en ella.
