México se encuentra hoy en una encrucijada: Nos queda mucho por legislar para impulsar sólidamente el desarrollo del país, pero, por el contrario, en los últimos tres años hemos dado marcha atrás en importantes temas, todos aspectos torales para el progreso de cualquier nación: La democracia, el desarrollo social y el desarrollo sustentable.
En un escenario en el que la disposición al diálogo, la negociación y, sobre todo, la conciliación, han sido -y siguen siendo- prácticamente nulas por parte de la fracción parlamentaria de la autonombrada cuarta transformación, la perspectiva para los próximos tres años resulta desalentadora, no solo en lo relativo a la agenda legislativa sino en todo lo concerniente a las políticas públicas, particularmente por la incertidumbre que ocasiona un manejo autoritario del poder.
Afortunadamente, el resultado de las elecciones intermedias ha hecho posible que en la Cámara de Diputados ya puedan ser impedidas las reformas constitucionales retrógradas y, por lo menos, contenidas otras propuestas legislativas que representan una amenaza para el desarrollo del país.
En el embate que sufre el sistema democrático representativo, una ficticia mayoría inhibe en el Congreso de la Unión la lucha de la oposición que abandera las causas de la mayoría real de la población, mediante la negativa rotunda a un debate ecuánime y analítico.
Nos encontramos ante una distorsión de la democracia: El despotismo de las mayorías desde la retórica populista, es decir, la que enarbola el concepto “pueblo”, indistinto, intangible y ambiguo para imponer un proyecto que tiene una considerable oposición entre partidos políticos y ciudadanos en general.
Desde esa perspectiva, el “pueblo harto” no quiere energías limpias sino seguir dependiendo de los hidrocarburos; ni un Instituto Nacional Electoral ciudadanizado sino dependiente del Poder Ejecutivo; no quiere verdaderos programas sociales sino solo dinero en efectivo; ni servicios médicos de calidad, medicinas, vacunas y quimioterapias, o educación para el libre pensamiento sino un Tren Maya; no quiere servicios dignos en su municipio ni paz ni tranquilidad sino el imperio de la corrupción, la violencia y la narcoeconomía.
Sin embargo, no existe un “pueblo harto” sino millones de ciudadanos, con nombres y apellidos, identidades y nacionalidad, inconformes con la escasez, la falta de trabajo, de oportunidades, la exclusión, el olvido en que los tienen los partidos políticos y la corrupción que se combate solo en el discurso y se abraza en los hechos, como al crimen organizado.
Por eso cada día más mexicanos se desilusionan al ver que ninguna de las promesas se ha cumplido y, por el contrario, los problemas se magnifican.
Cada día más los ciudadanos apuestan no por un partido, un gobierno o un político sino por la efectiva concreción del Artículo 1° Constitucional: La promoción, respeto, protección y garantía de sus derechos humanos. Apuestan por la democracia efectiva, la legalidad y la institucionalidad por parte de sus representantes y sus autoridades que son, por sí mismas, derechos humanos, como lo son en realidad todos los rubros que deben abordar las políticas públicas: La protección amplia de la niñez, la completa equidad de género, el aumento de la productividad en el campo, el desarrollo sustentable, educación de calidad, atención médica integral y seguridad pública eficaz, entre otros temas sensibles para la ciudadanía, que no para el “pueblo harto”.
