La bonanza del Sistema Portuario Nacional, clave para la integración del comercio internacional del país, enfrenta hoy desafíos que trascienden las olas del océano. Recientemente, algunas esferas gubernamentales estatales y empresas paraestatales han mostrado interés en la administración de importantes puertos federales en ambos litorales del territorio nacional, lo que a ojos de analistas, pone en vilo la arquitectura legal y la eficiencia logística que ha caracterizado a dicha estructura desde 1993. Un caso emblemático es el del puerto de Progreso, Yucatán, donde el gobernador Mauricio Vila Dosal ha logrado el aval del Congreso del Estado para comprometer recursos fiscales superiores a los 3 mil millones de pesos. De acuerdo con lo informado por el dirigente, estos fondos están destinados al dragado, relleno, y construcción de una plataforma con el fin de expandir la capacidad portuaria, además de obras complementarias y adquisición de equipamiento.
Un giro preocupante es la intención de obtener una adjudicación directa federal para administrar y operar esta expansión, un traspaso de competencias que desafía la Ley de Puertos vigente. El Sistema Portuario Nacional, que desde este sexenio se rige bajo el mando de la Secretaría de Marina, a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán, y que se encuentra bajo el amparo de esta norma, ha sostenido una administración predominantemente federal, la cual reserva a las autoridades de la entidad solo la gestión de puertos donde no existen instalaciones federales. Esta disposición legal busca asegurar una planificación y ordenamiento homogéneo, crucial para la competitividad y el desarrollo económico del país; sin embargo, la injerencia estatal directa en la administración portuaria federal, sin los procedimientos legales correspondientes, podría desdibujar estas fronteras operativas y legales.
Y esto lo menciono porque uno de los pilares de la Ley de Puertos es la transparencia en la otorgación de concesiones y cesiones mediante concursos públicos. La aspiración de Yucatán de obtener una adjudicación directa pone en tela de juicio la legalidad y la competencia económica, y con el potencial efecto de vulnerar la certeza jurídica de los inversionistas y de las mismas administraciones portuarias federales. Esta tendencia, según se rumora, comienza a replicarse en puertos como Tampico, Altamira, Veracruz, y Manzanillo, lo que podría presagiar un debilitamiento del hasta ahora robusto sistema portuario nacional.
Desde 1993, cuando se promulgó la ley vigente, el sistema portuario mexicano consiguió atraer a actores privados que, actualmente representan más del 80 por ciento de la inversión total en puertos, según datos del Instituto Mexicano del Transporte, dirigido por Alberto Mendoza Díaz. La entrada de estos actores ha impulsado una modernización palpable en infraestructura y equipo, y ha catapultado el rendimiento operativo de dichos recintos a estándares internacionales. Por ejemplo, en algunos de ellos, el manejo de contenedores ha alcanzado eficiencias comparables con terminales de países desarrollados.
En el contexto de la matriz de cifras presentada este año por la SEMAR, el período de enero a agosto de 2023 muestra una evolución mixta en el comercio portuario. La carga importada experimentó un aumento del 2.5 por ciento, al alcanzar un total de 85 millones 945 mil 852 toneladas, lo que representa un papel fundamental en el comercio internacional. Sin embargo, las exportaciones registraron una disminución del -6.6 por ciento en comparación con el año anterior, al situar la carga exportada en 70 millones 655 mil 733 toneladas. Así, la incursión de intereses estatales en la administración portuaria, sin el debido marco legal y la visión estratégica que ha prevalecido, puede sembrar incertidumbre en un sector que es la piedra angular de la economía mexicana. A medida que nuevos desafíos y oportunidades se ciernen sobre el horizonte, mantener la transparencia, la legalidad y la eficiencia operativa en nuestros puertos será imperativo para garantizar la competitividad sostenible de México en el escenario comercial global.
Voz en Off
Armatura hace oficial su llegada a México, y al mercado Latinoamericano. Con sede en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, esta empresa cuenta con centros de investigación y desarrollo en su cuartel general en Estados Unidos, y uno más en la India, siendo un proveedor líder a nivel mundial de soluciones de control de acceso biométrico multimodal altamente avanzado. Hace cinco años, esta empresa se constituyó como una marca independiente especializada en el desarrollo de sistemas de control de acceso, teniendo como pilares la ciberseguridad, alta disponibilidad de servicios y el aceleramiento en la adopción de tecnologías de última generación como credencialización móvil. En México, tiene presencia desde 2022, donde un equipo especializado de ejecutivos se dio a la tarea de identificar las necesidades del mercado en temas de control de acceso de alto nivel, por ello hoy se dice lista para ofrecer soluciones para proteger desde una puerta en un área restringida de una embajada o edificio gubernamental, hasta bóvedas bancarias, celdas en centros penitenciarios, estacionamientos, entre otros…
