Durante esta administración, México ha sufrido un retroceso institucional. Un reflejo de ello se manifiesta en las imágenes que circularon de la ceremonia por el aniversario de la promulgación de nuestra Constitución. Los poderes Legislativo y Judicial fueron relegados por el presidente de la República y en su lugar, para sorpresa de nadie, se privilegió a las Fuerzas Armadas.
Es precisamente en nuestra Constitución en donde se establece el equilibrio necesario entre los poderes de la Unión. La idea de dividir el poder es que tenga contrapesos que lo mantengan limitado para que nadie pueda actuar como un dictador.
Lamentablemente, durante esta administración, se ha intentado anteponer la figura presidencial sobre los demás poderes. Desde el Senado, por ejemplo, hemos denunciado la intromisión en nuestras votaciones y la actitud servil de la mayoría legislativa, que muchas veces vota para seguir los caprichos del presidente, sin saber lo que están aprobando.
El evento antes mencionado, nos recuerda que violentar la división de poderes es traicionar nuestra historia porque en nuestra Constitución está establecido que debemos gobernarnos en equilibrio. Por eso es importante recuperar la intención de los discursos tanto del diputado Santiago Creel, como de la Ministra Norma Piña, quienes pidieron independencia, autonomía y equilibrio en el uso del poder.
México necesita que se respete la independencia judicial y legislativa, es decir, que ni los ministros ni los legisladores respondan a los caprichos del Ejecutivo, sino a la ley y a los intereses del país.
Necesitamos que el primer mandatario deje de intervenir en el Poder Judicial. Necesitamos que los nombramientos se den por capacidad y lealtad a la ley, no por sumisión al presidente. Necesitamos que los jueces puedan dictar sentencia en libertad, sin amenazas, sin calumnias, sin repercusiones negativas por hacer bien su trabajo.
Hoy, en medio de la discusión sobre la tóxica reforma electoral y el cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que la Corte Suprema resuelva conforme a la Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito, anteponiendo los derechos y libertades de los mexicanos.
Hoy, en medio de la discusión sobre la tóxica reforma electoral y el cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que la Corte Suprema resuelva conforme a la Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito, anteponiendo los derechos y libertades de los mexicanos.
Es inadmisible que este gobierno se indigne por una ministra que no se levantó de su lugar para aplaudir la entrada del Presidente de la República, y no por una ministra que plagió su tesis. Esto nos habla de la naturaleza de López Obrador y su gobierno. Nos habla de sus prioridades, de su perdida brújula ética y de su autoritarismo.
