Desde la funesta reestructuración de la deuda que articuló con enorme beneficio de los acreedores y despachos neoyorquinos, hasta en los acuerdos de rescate bancario.
Al mostrar desacuerdo con la Ley de Amparo, entre líneas siempre denostó los obstáculos que han impedido que extranjeros desplacen a las poderosas familias de mexicanos que, sin guerra, mantuvieron el bastión sin presencia de los oligopolios de fuera.
Con él llegó esa banca europea que haría la diferencia, se abrió el mercado que abarataría el costo del financiamiento y viviríamos las ventajas de la competencia en ese sector. Claro, no pasó absolutamente nada, y, por el contrario, rápidamente los que llegaron adoptaron las mañas locales, convirtiendo al país en una enorme veta de transferencias multimillonarias surtidas por altas comisiones y tasas usurarias. Aunque hay que reconocer que acabó con las familias de banqueros mexicanos.
En realidad, el impacto en materia de telecomunicaciones no alcanzará a más de 50 familias y por supuesto a los tres principales partidos. La lamentable programación que se exhibe en la televisión abierta seguirá presente, porque aún habiendo buenos contenidos en canales públicos la gente prefiere ver los churros del canal estelar. No es un tema de precios al público, ni de calidad en la producción.
La competencia que se busca es una mayor oferta en canales para abaratar la costosísima aparición de spots electorales, los cuales, por cierto, deberían de estar prohibidos.
La rencilla surgió ante la arrogante posición del dominante, que hizo incosteables los procesos, asumiéndose fiel de la balanza en materia de popularidad. Habrá dos opciones más, y con ello, baja en los precios.
Sin embargo, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le salió al revés. En los hidrocarburos, agua, telefonía, minería, comunicación, aviación y otros segmentos relevantes, difícilmente llegará inversión a un país en el que la certidumbre jurídica fue relegada al eventual “usted perdone” después de un juicio, al haberse eliminado la suspensión en toda actividad vinculada a los llamados bienes del dominio directo de la Nación.
El candado entreguista se quebró, al anular la protección mercada mediante arbitrajes o sujeción a jurisdicción extranjera. El ardid de Suárez Coppel, operado con laudos que no suenan lógicos, sino metálicos, encontró una puerta de atrás. Sí, los leoninos contratos defendidos a ultranza por Calderón entraron al nuevo régimen.
La seguridad jurídica quedó confiada a la prudencia del funcionario en turno y no en manos de los jueces. ¿Se habrá preguntado Gurría cuánto valen los contratos de las empresas extranjeras en ese entorno? En esta reforma los beneficiarios no son quienes se dice, ni los perjudicados son solo los que se esperaba.