El Gobierno federal mexicano debe indicar en breve cómo se realizará el trasvase de agua desde la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas.
A diferencia de otros años, hoy se suma un factor adicional que influye en la decisión: la construcción del segundo acueducto desde la presa El Cuchillo hasta la ciudad de Monterrey. Esta nueva infraestructura, que se encuentra en su fase final de operaciones, ya favorece el envío adicional del agua a la capital de Nuevo León, pero representa un factor de presión en las negociaciones políticas que el trasvase implica.
La Zona Metropolitana de Monterrey enfrenta por segundo año consecutivo una crisis persistente en el suministro de agua para consumo humano. Varios sectores de la ciudad han experimentado problemas de abasto, exacerbando la complejidad del tema del trasvase.
Los agricultores del distrito de riego 026, en la frontera tamaulipeca y beneficiarios del trasvase, han expresado preocupación sobre cómo el envío adicional de agua a Monterrey podría afectar su abastecimiento para el riego agrícola. Enfatizan la necesidad de que el Gobierno de Nuevo León cumpla con los compromisos vinculados a la edificación del segundo acueducto, asegurando que el aumento en el suministro a Monterrey no comprometa sus actividades agrarias.
Se advierte lo evidente, en donde la gestión del agua entre Nuevo León y Tamaulipas se ha vuelto un tema multifacético y de alta prioridad. La reciente infraestructura del acueducto, a punto de ser finalizada, promete aliviar parte de la demanda de agua en Monterrey, pero también genera tensiones entre diferentes partes interesadas. Mientras la metrópoli busca soluciones a su crisis de abastecimiento, los agricultores tamaulipecos pronostican eventuales repercusiones en sus actividades.
Una gestión adecuada del escenario referido implica que el Gobierno de Nuevo León materialice el compromiso de edificar un emisor para aguas residuales tratadas desde Monterrey hasta Tamaulipas. Esta construcción compensaría la extracción adicional de agua debido al segundo acueducto, conforme a lo estipulado en el acuerdo presidencial.
Las evaluaciones preliminares en el distrito 026 muestran en algunos años una tendencia decreciente de las áreas cultivadas, lo que conlleva a una eventual reducción en las demandas de riego. Esta situación, sumada al hecho histórico de que no siempre se ha optimizado el uso del agua para la zona, subraya la necesidad de una revisión y ajuste. Puede ser necesario que los volúmenes destinados a la irrigación se correspondan con las necesidades reales, basándose en las superficies que efectivamente están siendo sembradas.
La oportunidad para equilibrar el suministro y la demanda de agua entre Nuevo León y Tamaulipas de manera más eficiente nunca ha sido tan evidente, y, sin embargo, la intervención del Gobierno federal mexicano, pese a su clara autoridad y atribución en el tema, nos tiene con expectativa. El escenario, más que una simple circunstancia, evidencia la necesidad de revisar y reestructurar el acuerdo presidencial sobre el trasvase. No se trata solo de un ajuste técnico, sino de una adaptación justa y equitativa a las realidades actuales de los agricultores en las emblemáticas fronteras de Tamaulipas. La inacción podría resultar en desequilibrios mayores y en una creciente insatisfacción entre los actores clave del agua en esta región del noreste mexicano.
Twitter: @tonyo_hernandez
