Estamos de acuerdo que todo es perfectible, más aún cuando en materia político-electoral se trata de cambiar las cosas y que, casi sexenalmente, a través de iniciativas, se trate de acabar con el statu quo o el establishment vigentes y así evitar que sigan haciendo de las suyas los mismos de siempre.
Sin embargo, pese a los buenos deseos democratizadores en este país, con las reformas o modificaciones constitucionales en materia político-electoral efectuadas, todo lo han cambiado para que continúe como hace 80 años.
Vale la pena recordar que durante 1977, en el sexenio de López Portillo, se realizó una reforma política a cargo del entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.
Los que saben dicen que en ese momento se inició el proceso de transición democrática. Pero otros especialistas recuerdan que, 11 años después, en 1988, se registró uno de los mayores y más escandalosos fraudes electorales en la elección presidencial que arrebató Carlos Salinas de Gortari.
A raíz del robo electoral en 1988, el 4 de abril de 1990 se aprobaron una serie de reformas con las cuales nace el Instituto Federal Electoral, IFE y, al mismo tiempo se expidió una ley reglamentaria en material electoral Federal, conocido como Cofipe; el IFE, inició actividades de juez electoral el 11 de octubre de 1990 y tuvo como primer presidente a Fernando Gutiérrez Barrios, quien estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Oficialmente aseguran que el IFE se ciudadanizó, se profesionalizó y se independizó de la Presidencia de la República.
Los ciudadanos mexicanos, extraoficialmente, han atestiguado que su voto cuenta, pero no vale. Que en las elecciones a la mexicana, lo importante no son los que votan, sino quién o quiénes cuentan los sufragios.
Como primer responsable del IFE ciudadanizado, José Woldenberg permitió que el entonces primer mandatario, Ernesto Zedillo, se le adelantara al anunciar que el ganador en el proceso electoral del año 2000 había sido Vicente Fox Quesada.
Esta fue una muestra de que el IFE estaba plenamente deslindado e independizado del Poder Ejecutivo Federal.
En forma pesimista, los mexicanos han observado que el IFE, con ciudadanos sin compromisos, como Luis Carlos Ugalde en el 2006, fue determinante para que se consumara otro fraude electoral, gracias a la abierta intervención de Elba Esther Gordillo Morales como juez y parte en el proceso electoral en el que fue impuesto, con toda la opacidad, Felipe Calderón en la primera magistratura.
El Instituto Federal Electoral, quizá esté ciudadanizado. Pero el IFE, innegablemente, se encuentra partidizado. Esta institución o dependencia electoral “imparcial”, desde hace tiempo está en entredicho. En las últimas dos elecciones presidenciales, el IFE ha estado bajo sospecha.
Hay razones simples para argumentarlo: facciones del PRI, grupúsculos del PAN., y tribus del PRD, se han peleado la llegada a puestos clave en el Instituto Federal Electoral. La omnipresencia partidista en el IFE y la estrecha relación con el Ejecutivo en turno, garantizan el triunfo de cierto candidato presidencial.
Leonardo Valdez Zurita, es otro “ciudadano” llegado al IFE. Los mexicanos tienen varias dudas razonables de su trabajo imparcial como Consejero Presidente.
Las historias que se tejen alrededor de Valdez Zurita son profundas y de gran intensidad. Ciudadano, sí es. Integrante de una facción política, también lo es.
Con estos antecedentes, nos encontramos que César Camacho Quiroz, presidente del PRI, anunció otra reforma electoral.
Y así como en su momento hubo trompetas para el anuncio de la realizada por Don Jesús Reyes Heroles, el serio y el estudiado, hoy nuevamente se tocan las fanfarrias anunciando que ahora sí viene la buena o la mejor reforma política para México.
Hoy la ciudadanía está convencida que las reformas políticas, han sido un maquillaje del sistema antidemocrático imperante.
Al establishment o al statu quo, se ve imposible que lo muevan.
Un resucitado en el nuevo priismo
Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial priista perdedor, hoy debe estar orgulloso y, más que todo satisfecho, porque se vuelve a hablar de él.
Porque su tesorero de la campaña en el año 2000, Jorge Cárdenas Elizondo, señalado por la PGR de haber manejado directamente 500 millones del Pemexgate, es el director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de la Cámara de Diputados.
Como en algunos sectores del priismo se apuesta al olvido, se válido recordar que hace 11 años se documentó que Cárdenas Elizondo ordenó el cambio de 14 cheques expedidos por el tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana Prieto.
Todo está contenido en la averiguación previa PGR/UEDO/182/2001.
Jorge Cárdenas Elizondo, ha recibido el premio de consolación por “El Silencio de los Inocentes”.
El ahora nuevo funcionario de la Cámara de Diputados fue oficial mayor de la Secretaría de Gobernación cuando Francisco Labastida Ochoa estaba a cargo de esa dependencia.
Limosna o cruzada
Rosario Robles Berlanga, la secretaria de Desarrollo Social, además de ser mediana política, es excelente vendedora, más o menos como Og Mandino.
Porque en el caso de La Cruzada contra el Hambre, que no habrá de pasar mucho tiempo para que se conozca su fracaso. La experredista y exahumadista, se quiso pasar de lista; es claro que para acabar con el hambre se tiene que ir al fondo del problema, que es el desempleo que, a todos los niveles, se padece en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional.
A la secretaria de Desarrollo Social se le olvidó, o ignora, que entre los derechos sociales no está considerada la limosna a la población y menos con fines electoreros.