Por primera vez en décadas, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, moverá un tema que permaneció intocable durante 77 años: la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Esta legislación, que data de 1947, quedó rezagada frente a la innovación tecnológica y dejó desprotegida a una industria que hoy genera alrededor de 60 mil empleos directos y 180 mil indirectos, además de aportar más de 13 mil millones de pesos en impuestos federales y municipales. La propuesta de reforma, que será presentada en las próximas semanas, abre la posibilidad de regular un sector que opera, en gran parte, fuera de la legalidad. De acuerdo con Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta (AIEJA), el principal reto está en la competencia desleal que representan las apuestas en línea ilegales.
Actualmente, el 60 por ciento del mercado de apuestas digitales en México opera al margen de la ley, mientras que solo 81 operadores autorizados representan el 40 por ciento restante. Una nueva regulación permitiría bloquear estas actividades ilícitas y ofrecer certidumbre fiscal, transparencia y condiciones equitativas que atraigan nuevas inversiones. La industria del juego en México está compuesta por 38 permisionarios reconocidos que operan alrededor de 423 casinos en 30 estados del país, con un alcance que, hasta ahora, se enfoca principalmente en los clientes locales. Para Miguel Ángel Ochoa, esto es una oportunidad desperdiciada. La propuesta de reforma también contempla fomentar el desarrollo turístico a través de proyectos que combinen hoteles y casinos, especialmente en destinos clave como Cancún, Los Cabos, Puerto Peñasco, Acapulco y Huatulco. En la visión de Ochoa Sánchez, con una regulación adecuada, México podría competir con destinos de referencia internacional como Las Vegas, Montecarlo o Macao.
El retraso legislativo no ha sido por falta de intentos. Desde 1997 se han presentado 14 iniciativas para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pero ninguna prosperó debido a factores políticos. La propuesta actual, impulsada desde Gobernación, marca un cambio de rumbo al colocar al Gobierno federal como protagonista en la modernización de un marco legal que ya no corresponde a la realidad del sector. Una regulación clara y moderna no solo combata el mercado ilegal, sino que podría detonar inversiones nacionales e internacionales, para beneficiar directamente a las finanzas públicas y, por ende, a los mexicanos. El mercado negro no es un tema menor.
Las apuestas ilegales, especialmente en plataformas digitales, además de generar pérdidas económicas significativas, también carecen de mecanismos que protejan a los consumidores. De ahí la urgencia de establecer medidas para bloquear las operaciones ilícitas, garantizar la transparencia y promover el juego responsable. Este es un esfuerzo que, además de ordenar la industria, fortalecerá la recaudación fiscal en un país donde cada peso cuenta. Actualmente, la industria del juego representa un sector estratégico con capacidad de crecimiento. La iniciativa propone actualizar las reglas del juego para que los permisionarios operen con mayor certeza y bajo criterios modernos que permitan competir en el escenario global. Con ello, destinos turísticos del país podrían beneficiarse de un sector que, bien regulado, ha demostrado ser un motor económico en otros países.El trabajo no será sencillo, pero finalmente se abre una puerta para que México deje de perder oportunidades y, con una legislación actualizada, se posicione como un jugador serio en esta materia.
Crisis Vivienda
La crisis de vivienda en la Ciudad de México es innegable, de ahí que algunos al interior de la 4T han optado quizá por culpar de ello a las empresas de renta por aplicación como Airbnb o Booking, esto para evitar entrar en la discusión de factores como el aumento de precios del suelo o el abandono de inmuebles en las 16 alcaldías capitalinas. Según cifras del INEGI, de Graciela Márquez, del espectro de viviendas existentes en la capital, más de 207 mil 26 se encuentran bajo el estatus de “inhabitada”, en tanto, solamente 26 mil 500 espacios están registrados en plataformas digitales como Airbnb, que en México lidera Ángel Terral.
