A casi una semana de que el director de la delegación de Conagua, Luis Carlos Alatorre y Hernán Villarreal, titular de la Secretaría de Movilidad, anunciaran el desmonte “selectivo” que finalmente no fue otra cosa que el derribo de árboles y vegetación nativa del Río Santa Catarina, la inconformidad ciudadana continúa creciendo.
Ciudadanos acudieron al Congreso local a solicitar la rendición de cuentas de funcionarios estatales por la devastación de la zona boscosa creada de manera natural debido a las recientes lluvias.
Incluso, los habitantes han buscado una audiencia pública con el gobernador Samuel García. Por lo pronto, promovieron un juicio de amparo, una maniobra legal con la que pretenden salvar la vegetación del sitio.
Es muy loable la movilización ciudadana, pero a la par habría que buscar una sanción severa por este daño irreversible al ecosistema del río. Esta demanda tendría que llegar hasta la Cámara de Diputados en donde se comience un juicio político contra Alatorre por un posible daño a la salud de los neoleoneses.
Los “otros datos” en Seguridad
La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Gerardo Palacios Pámanes, ofreció cifras de homicidios dolosos, asegurando que existe una disminución en este delito entre mayo y junio.
El comunicado en el que se informa la reducción exhibe, sin duda, la falta de reconocimiento al problema de inseguridad que se tiene en la entidad. Pareciera que las autoridades sólo consideran los datos que conviene informar, precisamente a una semana de que Palacios Pámanes cumpla un año frente a esta Secretaría. Algo que tendría que quedarles muy claro a los funcionarios es que con la seguridad no se juega.
Hoy, la estrategia de la Secretaría de enfrentar a la delincuencia organizada frontalmente mantiene ardiendo a la zona rural.
Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia ofrece otros indicadores, en los que la suma total de los homicidios dolosos ocurridos en los cinco primeros meses del año, es mayor a la del mismo periodo del año pasado, que resultó ser el año más violento en la última década.
Habría que recordar que la función principal de la Secretaría de Seguridad es garantizar la protección de la población, lo que es un derecho, y no buscar cifras a modo para maquillar la realidad.
