La presidenta de la Comisión Jurisdiccional del Congreso local, la diputada panista Lilia Olivares, nomás no ha podido con el paquete de este cargo y tiene muchos pendientes contra funcionarios que han violado leyes y la Constitución local.
Olivares arrancó con la instalación de la comisión, y de momento se quedó de lado la discusión para determinar las acciones contra el exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón, y su exsecretario de Gobierno, Manuel González, por utilizar recursos humanos del estado con fines electorales.
La legisladora no ha logrado acuerdos para que los diputados del PAN y PRI puedan sancionar a ambos exfuncionarios, pues solo ha sido la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) la que no ha quitado el dedo del renglón para acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y así lo dejó ver la legisladora de MC, Sandra Pámanes.
Además, Olivares tiene también pendiente el juicio político contra el actual secretario de Gobierno, Javier Navarro. Por cierto, ciudadanos de San Nicolás se preguntan la razón por la que Olivares cabildea con el alcalde Daniel Carrillo para algunos temas como los baches, sobre todo en sectores como El Roble y Anáhuac entre otros.
Alcalde en apuros
El municipio de El Carmen, a cargo de Humberto Medina, se encuentra en una situación grave, pues denuncias ciudadanas referieren que se han pagado y asignado obras a empresas que nunca realizaron su trabajo.
Una denuncia contra el ahora exsecretario de Desarrollo Urbano, Raúl Vargas, pone en evidencia que existen, aparentemente, serios señalamientos de posibles desvíos de recursos que, nos dicen, han afectado las finanzas de este municipio.
Se espera que esta denuncia alcance también al alcalde, quien debe asegurarse de que los recursos de este municipio se gasten eficientemente.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, tiene sobre la mesa la denuncia con datos de pruebas importantes, por lo que, dicen, no tendría problema alguno para armar el caso contra el exfuncionario y llevarlo hasta un juez de control.
Se estima que el desvío de recursos asciende a 14 millones de pesos a través de varias empresas de reciente creación. Veremos si el fiscal anticorrupción ahora se pone a trabajar, porque ha tenido una gestión que no ha destacado precisamente por combatir estos hechos presuntos de corrupción.
