Pese a las promesas, el teleférico de las Grutas de García sigue sin funcionar. De acuerdo con las autoridades, en febrero pasado culminó la rehabilitación de este medio de transporte que sirve para llegar a este importante paraje turístico.
Sin embargo, el teleférico sigue parado y Maricarmen Martínez Villarreal, titular de la Secretaría de Turismo, no ha tenido la atención de informar que los visitantes que acudan a este paraje turístico, debido al periodo vacacional de Semana Santa, encontrarán una serie de dificultades para llegar.
Pareciera que se quiere ocultar que no han cumplido con lo prometido desde junio del año pasado, la primera fecha en la que se comprometieron a rehabilitar este medio de transporte. En este espacio se adelantó que este teleférico no funcionaba y que costaría mucho dinero echarlo a andar de nuevo.
Aquí lo cuestionable es donde quedaron los 28 millones de pesos que se iban a utilizar para las reparaciones y que hoy pareciera que se desviaron para otro fin. Sin duda, la gestión de Maricarmen en este tema del teleférico ha sido pobre, por no decir nula.
La Auditoría Superior tendría que iniciar una investigación sobre dónde quedaron esos recursos.
Arranque de año violento
Gerardo Palacios Pámanes, titular de Seguridad Pública de Nuevo León, intentó justificar el arranque de año más violento de los últimos 11, pues las cifras revelan que ocurrieron 305 homicidios en los tres primeros meses de 2023.
Y es que el mando policiaco publicó en sus redes sociales una fórmula con la que calcula la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, en el índice anual. Sí, quizá las cifras bajaron, pero tampoco es nada para celebrar.
Esta pareciera una forma para no reconocer el problema que se encuentra muy a la vista. Ahora bien, si para el Gobierno estatal la fórmula de Palacios Pámanes es una herramienta eficiente, lo cierto es que aún le sale debiendo a la ciudadanía en cuanto a la seguridad.
Tomando en cuenta esta fórmula, Nuevo León necesita 300 policías por cada 100 mil habitantes, que es lo mínimo que pide la ONU, algo que realmente no se cumple. La administración estatal, en lugar de preocuparse sobre cuál es la mejor forma para presentar las cifras, tendría que trabajar en bajar los índices de homicidios dolosos en la entidad.
