La diputada local de Movimiento Ciudadano, Tabita Ortiz, busca que los municipios metropolitanos implementen una estrategia para evitar que la ubicación de las estaciones antialcohólicas sea compartida en redes sociales.
La legisladora aseguró que todo aquel ciudadano que difunde la ubicación de éstas es cómplice de las personas alcoholizadas que provocan accidentes. Sin embargo, las acciones que busca impulsar la diputada podrían ser interpretadas como una obstrucción a la libertad de expresión en redes sociales. Ciudadanos han acusado a la instalación de antialcohólicas de ser una medida 100 por ciento recaudatoria, con alcoholímetros alterados, en donde abunda la corrupción beneficiando a una sola empresa de grúas.
Si a Ortiz le preocupan los accidentes derivados del consumo de alcohol, también podría buscar controlar la venta de cerveza y alcohol en estas fechas, o bien, en los estadios de fútbol.
Además de impulsar la instalación de estos retenes en puntos cercanos a los estadios, lo que también podría evitar fallecimientos relacionados con accidentes viales.
Los cierres masivos en gobierno
El Instituto de Control Vehicular es un desastre. El reemplacamiento obligatorio se ha convertido en un calvario para los ciudadanos que buscan cumplir con este ordenamiento del Gobierno estatal.
No hay placas, pero sí largas filas, por no mencionar el cierre de módulos. Y para complicar aún más este trámite a los ciudadanos, además, los horarios de las delegaciones fueron reducidos, lo que se suma a otros cierres como el de la oficina del Periódico Oficial del estado, para evitar la publicación de decretos legislativos.
El adelanto de vacaciones a los empleados de la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal a sus empleados, es otra de las dificultades a las que los ciudadanos se enfrentan mientras siguen haciendo trámites.
Nos dicen que estos cierres son para justificar la alerta sanitaria por COVID-19 emitida después de que se registraran 80 casos de la nueva variante.
