Los trabajos para crear el Presupuesto de Egresos para el 2023 en Nuevo León, sin duda, muestran la fuerza política que tiene el Congreso.
Hasta el recinto legislativo acudieron representantes de organismos autónomos al Legislativo, también representantes de la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial y alcaldes.
Y los que no fueron simplemente evidencian que cargan los dados hacia el Gobierno emecista de Samuel García. Entre quienes sí llegaron, por ejemplo, se encuentran algunas “organizaciones civiles” y las cámaras intermedias de las empresas; también el Poder Ejecutivo estuvo invitado, como era lógico, aunque ya sabemos lo que pasó.
La realidad es que se esperaba que algunas “organizaciones civiles” no estuvieran representadas, debido a que parece que hoy están en otro papel y no por nada, incluso, hay quien señala que se han convertido en un trampolín para saltar al Gobierno emanado de Movimiento Ciudadano, pues toman partido y, de ello, existen ejemplos.
Por parte de las cámaras fue mejor que no acudieran, pues realmente nunca han participado en crear un presupuesto, al menos públicamente, porque estaríamos hablando de una intromisión en la política, por lo que es mejor es marcar la distancia.
Los ‘otros datos’ que le faltan al presidente
Pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha visto todos los capítulos de la “telenovela” sobre el proceso de la Fiscalía General de Justicia. Así lo demuestra al respaldar al gobernador, Samuel García, quien hasta quiere que el candidato, Adrián de la Garza, deje Nuevo León.
García solo le contó a su manera estos desencuentros ante la designación de un nuevo fiscal, ¿Acaso Samuel le dijo al Presidente que pactó primero para que fuera Adrián y después no cumplió? Claro que no.
Otra cosa que no sabe el mandatario federal es que el gobierno estatal utiliza a la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León y a la Unidad de Inteligencia Financiera, para amedrentar a ciudadanos, pequeños empresarios y políticos.
Héctor Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León y la presidenta de Morena, Anabel Alcocer, deberían hacerle llegar la realidad más detalladamente.
Por otra parte, la invitación al diálogo del Consejo Nuevo León, que más bien es un llamado a una reconciliación entre el Poder Ejecutivo y diputados del PRI y PAN del Congreso, es como solapar las malas prácticas de comprar con el dinero de los ciudadanos a alcaldes y diputados, lo que fue el inicio de este desencuentro.
