La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey, Brenda Sánchez, se encuentra en el epicentro de las críticas, muy serias por cierto, por el nuevo Plan de Desarrollo Urbano que se acaba de presentar.
Nos aseguran que en la consulta pública de este documento, realizada por la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (Caprobi)se habló de una imposición a los desarrolladores por el municipio de Monterrey.
Resulta que en la regeneración de espacios públicos de este plan, el municipio exige una aportación no voluntaria, mientras que respecto a las densidades, se busca disminuir potencialidades para poder realizar incrementos a cambio de una contraprestación.
¿Acaso se está legalizando el moche para poder aumentar la densidad de un desarrollo?
Aquí lo interesante es que Bernardo Sada, presidente de la Caprobi, salió a defender este plan de Brenda Sánchez, claro, era de esperarse, pues la ahora funcionaria regia trabajó con él.
Por cierto, los desarrollos han estado paralizados, primero debido a acciones de la exfuncionaria, Laura Ballesteros, y ahora por las de Sánchez.
La denuncia de Claudia Tapia
La activista Claudia Tapia acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar el uso de programas sociales con fines político-electorales.
Tapia señaló que personal de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana ha estado entregando miles de tarjetas del Metro con un saldo de 225 pesos en pleno año electoral, solicitando la credencial de elector de los beneficiados.
La acción ciudadana de Tapia resulta importante para contar con una equidad en este proceso electoral, pero también habrá que observar el accionar del INE aunque, por lo menos en Nuevo León, no hay un registro de que se aplique una sanción severa.
A lo más que se ha llegado es a una multa económica a un partido político, incluso, recientemente al gobernador Samuel García.
Y la realidad es que estas sanciones no solo son laxas, sino que son un insulto a la inteligencia ciudadano, pues al final esta multa se paga con recursos públicos, pues los partidos políticos viven de las prerrogativas de los impuestos.
