La postura de la Secretaría de Gobierno de Nuevo León, a cargo de Javier Navarro, por una supuesta alerta sanitaria derivada de una variante de COVID-19, no solo dejará varados documentos legislativos, sino también otros asuntos judiciales, lo que perjudicará a los ciudadanos.
Sin duda, los alcaldes y diputados de oposición del Pacto por Nuevo León deberían cerrar la cortina sobre estos asuntos, con el objetivo de cambiar su narrativa de enfrentamiento e iniciar una campaña de difusión de los acuerdos del partido Movimiento Ciudadano con Morena.
Nos dicen que hay un fuerte malestar en algunos de los círculos que apoyaron a Samuel García, cuando buscaba la gubernatura, por el pacto que hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El tema no es menor, pues muchos de los neoleoneses prefirieron dar el voto a MC, precisamente para que no llegará Morena a gobernar. Lo cierto es que con esta alianza los ciudadanos se cuestionan si apoyar a Samuel fue la mejor opción, a la vez que se preguntan cuál será el nivel de influencia de Palacio Nacional sobre las decisiones que toma la administración estatal.
Veremos cuál será la postura que actores políticos priistas y panistas tomarán ahora y si habrá un cambio en su narrativa o inician el 2023 tal y como parece que terminarán el año en curso.
Cuestionada alerta sanitaria
La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, tendrá mucho que explicar debido a la alerta sanitaria emitida por una variante de COVID-19. En primera, por el uso obligatorio de cubrebocas en lugares cerrados, y en segunda, por haber decidido enviar a trabajar a distancia a los burócratas.
Marroquín se verá obligada a ampliar la información sobre esta nueva variante y explicar qué tan peligrosa o contagiosa es, porque realmente no se ha dicho nada, mucho menos se ha realizado una campaña de prevención importante, acorde con la emergencia.
Nuevamente las decisiones que tome la funcionaria estarán bajo la lupa, sobre todo ahora que se sabe que existe un aumento de contagios por esta nueva variante, y que de momento no hay información que permita definir si es necesario tomar medidas en el transporte público, en empresas y en lugares cerrados, donde tal vez deberá reducirse el aforo.
Lo que sí sería muy cuestionable es que Marroquín esté aprovechando la situación para maniobrar políticamente y utilizar este momento para cerrar las oficinas de la Secretaría de Gobierno y evitar así que se publiquen iniciativas legislativas.
Por lo pronto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuestionó el uso de cubrebocas obligatorio en Nuevo León, pues dice que no hay información que avale estas medidas.
