El intento de utilizar a Fuerza Civil por parte del encargado de despacho, Javier Navarro, para evitar que llegue una gobernadora o gobernador interino nombrado por el Congreso, no deja de ser un acto de irresponsabilidad política que trae consigo la posibilidad de provocar ingobernabilidad.
Un juez federal no se encuentra encima de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La negativa de Navarro de no aceptar que el Congreso sea quien designe a un interino, no solo es un reflejo de la ambición por convertirse en mandatario interino, sino que, incluso, apunta a una estrategia para que en última instancia sea el Senado de República el que nombre a un interino, si es que no avanzan los acuerdos.
Lo que sí es una realidad es que llegando el nombramiento del interino las condiciones de Navarro serán distintas, al igual que para el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Palacios Pámanes.
El artículo 154 de la Ley de Amparo señala que cualquier suspensión definitiva se puede revocar cuando ocurra un hecho superveniente, un hecho nuevo, y así pasó con la resolución de la Corte y del Tribunal Federal Electoral.
Van por gratuidad de actas de defunción
Aunado al dolor que significa pasar por una pérdida familiar, los neoleoneses viven toda una odisea al acudir al Registro Civil a tramitar un acta de defunción que, además, tiene un costo de 800 pesos.
Los ciudadanos tienen que tramitar este documento, obligatorio, para poder cremar o sepultar a su familiar, y mientras pasan horas, el cuerpo permanece inerte en casa esperando que sea llevado a la funeraria.
Incluso, existen proposiciones para acelerar el trámite, claro con una contraprestación económica.
La diputada de Morena, Anylú Bendición, y su compañero, el legislador, Waldo Fernández, promueven una iniciativa para que las actas de defunción sean gratuitas.
Sin duda, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI tendrían que sumarse a esta iniciativa, a la que debería hacerse una adición para que se digitalice este servicio, algo que la directora de Mejora Regulatoria, Mariela Saldívar, prometió como uno de los avances del llamado Gobierno digital
