Arrancó la lucha electoral por la alcaldía de Monterrey, la capital regia. Mariana Rodríguez, quien abanderará a Movimiento Ciudadano (MC), luchará no sólo contra los otros candidatos, sino también contra la mala evaluación que le otorgaron los regios a su compadre, Luis Donaldo Colosio Riojas.
Resulta que más de la mitad de la población del municipio desaprueba la administración del alcalde con licencia y, guste o no, será algo que tendrá que enfrentar Rodríguez, que en este arranque aún no ha puesto sobre la mesa como resolver los problemas que va a heredar.
En cuanto a los candidatos de Encuentro Social y VIDA, Adalberto Madero y Patricio Zambrano, respectivamente, se espera que aborden de una manera formal su campaña y tengan un comportamiento de altura.
Por su parte, el candidato del PRI, PAN y PRD, Adrián de la Garza, tendrá que luchar con algunas situaciones que no logró solucionar como edil por lo que deberá focalizar una estrategia de seguridad ahora que la violencia ya llegó al primer cuadro de la ciudad.
Aquí lo más interesante será el actuar del candidato de Morena, Mauricio Cantú. Sin duda deberá sacudirse el señalamiento de que su partido está aliado con MC.
Criterio de magistrados bajo la lupa
Durante esta semana los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León estarán bajo la lupa debido al ordenamiento que recibieron respecto a los derechos político- electorales de Luis Armando Torres.
El morenista está pidiendo que se le asigne la curul de José Pérez Bernal, quien renunció a la bancada de Morena para sumarse al Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano. Es decir, Bernal renunció a su cargo. Además, se considera que la bancada de MC está sobrerrepresentada.
Sin duda, será inevitable que las y los magistrados Claudia Patricia de la Garza Ramos, José Eduardo Bautista Peña y Yuridia García Jaime voten a favor de que Torres tome la curul de Bernal.
Esto sucederá por la simple razón que no hace mucho tiempo los magistrados quitaron el requisito de que un militante debe renunciar a su partido para competir por un cargo seis meses antes de la elección, bajo el argumento de que se violan los derechos de los miembros de los institutos políticos.
