El titular de la Secretaría de Economía estatal, Iván Rivas, presumió ayer que la empresa de origen chino Topband invertirá 35 millones de dólares, y que ahora este país es la segunda nación con más inversiones en Nuevo León.
Habría que ver si ese dato es de este año, pues no aparece en las cifras del Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE), salvo que se contabilice después de junio.
La inversión que presume el funcionario en realidad es baja, tomando en cuenta sus líneas de producción y que seguramente rentaron una nave que no debe ser muy grande.
Rivas también habla de 148 proyectos de inversión que son solo eso, pues la mayoría no se han concretado aún o cuando menos no han arrancado operaciones en territorio estatal.
Siendo un poco flexibles y en el supuesto de que este mes arrancan operaciones esos 148 proyectos, aun así, la gestión de Rivas está muy por debajo, respecto a montos de inversión de administraciones como la de Fernando Canales hasta la de Jaime Rodríguez, quienes en sus primeros 16 meses de gobierno alcanzaron mejores cifras.
Por cierto, las empresas que desde hace años siguen aquí, y están reinvirtiendo es porque siguen creyendo en Nuevo León, no por MC o por el gobierno actual, sino porque durante años les ha ido bien a sus negocios.
Ecocidio sin sanción
El ecocidio al sistema ambiental del Río Santa Catarina, y la tala de árboles en el parque Niños Héroes, solo han generado polémica y suscitado una que otra mesa de trabajo.
Pero la realidad es que no se vislumbra una sanción ejemplar, no solo para quienes autorizaron, sino a los particulares que accedieron a talar árboles nativos.
La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece sanciones para las personas morales que ocasionen daños a la base del hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales. Entre los castigos, está la imposición de medios de apremio y la responsabilidad penal.
Estas medidas son para quien incumpla con la reparación de todo este conjunto de recursos naturales que conforman un sistema ambiental.
Por ello, a lo largo de todo este asunto surge una pregunta: de todos los activistas ambientales que señalan irregularidades en el desmonte y tala de árboles ¿quién será el que ponga la denuncia?
Cabe recordar que este señalamiento tendría que hacerse ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
