Las cámaras empresariales en Nuevo León pretenden evadir su responsabilidad de cumplir con la Ley de Movilidad, que fue aprobada en 2020 y que establece la obligación de utilizar energías limpias en el transporte público, considerando un periodo de cinco años para su total implementación.
De entrada, ya van tarde. La Caintra, Canaco, Concamin, Clúster Automotriz de Nuevo León, entre otras cámaras, presentaron reformas a esta ley para cumplir con un transporte verde hasta en un periodo de 10 años, es decir, extendieron el plazo concedido originalmente hace dos años.
Sólo habrá que recordarles que el artículo décimo sexto transitorio de esta ley establece que tendrían que hacer la transición de vehículos de carga y público a energías limpias en cinco años, por lo que les quedan tres años para cumplir.
En realidad resulta muy contradictorio que las cámaras empresariales acudan al Congreso bajo el argumento de que son responsables o solidarios con el medio ambiente.
Veremos como Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso local, toma esta petición de los empresarios, que parece más bien un intento por evadir una ley ya establecida.
MC, con posturas encontradas
La reforma a la Ley Electoral estatal pondrá a prueba no sólo al partido Movimiento Ciudadano, a cargo de Horacio Tijerina, también al gobernador Samuel García, emanado de este instituto político.
Más aún cuando las diputadas de MC, Iraís Reyes, Brenda Sánchez y Tabita Ortiz, han acusado que esta reforma es misógina y retrógrada, pero, por otro lado, omiten mencionar que puede ser impugnada por el propio gobernador emecista, mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin duda, las diputadas tendrían que preocuparse por la falta de un pronunciamiento firme de Samuel respecto a los temas controvertidos sobre esta reforma que ellas han expuesto claramente, y también por la ausencia de su propio dirigente, Tijerina, quien también ha guardado silencio.
Incluso, bien podrían exigir al propio mandatario que luche por los derechos de las mujeres y por la paridad de género, pero esto no ha sucedido. Por cierto, su coordinador, Eduardo Gaona, avaló el dictamen de reforma en su participación en la Comisión de Puntos Constitucionales.
