La designación de un candidato para la alcaldía de Monterrey entró en una etapa crítica al interior del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
El dirigente estatal de los verdes, Edgar Salvatierra, nos dicen, está empujando que sea una candidata, mientras que Morena sorprendió proponiendo a Mauricio Cantú, pero la realidad es que hasta ayer ningún aspirante morenista o del Verde se había registrado formalmente.
Salvatierra, nos aseguran, está muy seguro de que será una mujer, pero en política y, por antecedentes recientes, no se descarta que ceda y llegue a un acuerdo para que sea Cantú.
La realidad es que están, sin duda, en una negociación, porque los dos partidos van en coalición.
Y mientras tanto, en Guadalupe, ahora que han surgido voces de que Tomás Montoya andaba en la Ciudad de México y que está en sus manos obtener una candidatura a diputado local, sin duda, lo necesitan en la boleta, pues será una elección muy competitiva en este municipio, y guste o no a algunos, la operación política puede ser factor.
Ejecución extrajudicial
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, a cargo de Olga Susana Méndez, emitió cinco recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, que se encuentra al mando de Gerardo Palacios Pámanes.
Más allá de las recomendaciones, las cuales difícilmente tendrán alguna consecuencia, lo relevante es que policías de Fuerza Civil dispararon contra dos jóvenes sin ningún apercibimiento y uno de ellos falleció, lo que fue señalado por este órgano autónomo como una ejecución extrajudicial.
¿Cuántas veces elementos de Fuerza Civil han matado a civiles sin utilizar el protocolo de apercibimiento?
También, la Comisión reveló la muerte de reos en los centros penitenciarios de Nuevo León, lo que debería encender las alertas entre los diferentes extractos de las organizaciones de la sociedad civil por la violación de los derechos humanos en las cárceles.
Lo menos que se podría esperar es que Gerardo Palacios Pámanes acepte emitir una disculpa pública y actualizar las capacitaciones en derechos humanos a los policías y custodios de las cárceles.