En Palacio de Gobierno existe cierta preocupación por la agenda particular del secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua.
Nos comentan que el funcionario, además de ser el principal responsable en materia de seguridad en el estado, ya estaría trabajando para el senador emecista Samuel García, quien no sólo es un aspirante a la gubernatura en 2021, sino que es uno de los principales adversarios políticos de Jaime Rodríguez Calderón, jefe de Fasci.
El trabajo que estaría realizando el secretario para Samuel tendría que ver con labores de inteligencia y de información acerca de los potenciales contrincantes en los comicios del próximo año, e incluso estaría participando la Dirección General de Investigación, a cargo de Gerardo Morán Vidaurri.
Más allá de las implicaciones que tendría el posible uso de los recursos del estado para fines particulares, lo cierto es que este presunto respaldo de Fasci a Samuel también sería una traición al compromiso político de Jaime Rodríguez, quien respaldaría al candidato a la gubernatura de la 4T.
No sería la primera vez que Fasci cambia de camiseta según su conveniencia. Ya en 2015, al poco de ser nombrado dirigente del PRI en Monterrey, renunció a su militancia. Y también ha dejado “tirados” a los partidos Verde y Movimiento Ciudadano.
Ahora, al parecer ya cambió su camiseta de independiente y se ha colocado al servicio del proyecto de Samuel, quien ya hasta se dirige a Fasci como “tío”.
Van contra viaducto
Un total de 15 organizaciones civiles emprenderán una cruzada legal para frenar la construcción del Viaducto Santa Catarina, cuyas columnas estarán sobre el cauce del Río Santa Catarina, y para advertir sobre los riesgos que conlleva este proyecto para la ciudadanía.
La activista Liliana Flores Benavides, del Colectivo Nosotros, señala que si bien este proyecto tiene todos los permisos oficiales, la ciudadanía no tiene certeza sobre el impacto real, porque los datos sobre esta vía no están abiertos.
Por lo pronto, las distintas agrupaciones alistan una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente (Profepa) por aprovecharse de 10 hectáreas que están fuera de permiso y que, aseguran, sería suficiente para cancelar la obra.
También consideran que, lejos de beneficiar a la ciudadanía, esta obra lastima el derecho a la salud y a un medio ambiente sano que está contemplado en el artículo 4 constitucional.
Parece que la lucha contra la construcción del viaducto apenas comienza y lo que esperan los activistas es que los diputados del Congreso local se involucren o apoyen a las organizaciones en su cruzada para detener esta obra y para transparentar la información.
