La titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, Olga Susana Méndez Arellano, aún no ha mostrado una postura clara sobre la aprobación para incluir la figura de violencia vicaria en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que para grupos de padres de familia resultaría inconstitucional.
En San Luis Potosí, un grupo de ciudadanas ha puesto en marcha una acción de inconstitucionalidad precisamente por una reforma que establece la violencia vicaria.
A diferencia de este estado, donde sí recibieron una respuesta del órgano que garantiza los derechos humanos, en Nuevo León, simplemente, no ha habido ningún comentario al respecto.
Nos dicen, que la figura de violencia vicaria viola el artículo 4 de la Constitución Mexicana que establece que la justicia debe aplicarse de manera equitativa entre el hombre y la mujer.
No es la primera vez que da la impresión de que Méndez Arellano rehuye a dar una postura sobre un tema polémico, pues pareciera que lo suyo es alejarse de los reflectores, aunque ello implique que, de cierta forma, deje de realizar su labor.
Veremos si atiende a la organización No Más Hijos Rehenes que buscan que actúe contra la reforma que incluye la violencia vicaria.
Los señalamientos de Navarro
Dicen que el pez por su propia boca muere. Y este refrán aplica para el secretario de Gobierno, Javier Navarro, quien señaló a través de redes sociales a los alcaldes del PRI y PAN en el estado, quienes exigen el fondo de participaciones de 2 mil 500 millones, afirmando que quieren estos recursos para gastarlos a discreción y sin transparencia.
Pero a Javier Navarro se le olvida que en el Gobierno en que participa, el exdirector de Comunicación Social, Glen Villarreal, entregó contratos millonarios, a discreción, a varias empresas.
Además de que hay otras áreas, en las que tampoco han sido muy transparentes.
Pareciera que el secretario de Gobierno intenta influir a los ciudadanos en redes sociales aparentando que su gestión es transparente y responsable, pero la realidad podría ser diferente.
Aquí lo que llama mucho la atención es que, siendo un abogado reconocido en la entidad, se preste a encubrir o ignorar malas prácticas, porque perderá mucha de su credibilidad cuando se acabe su etapa como funcionario público.
