La presentación del Pulso Metropolitano de Seguridad por parte de distintos organismos del sector privado en Nuevo León dejó varias lecturas, y la realidad es que muy pocos de los funcionarios públicos en la entidad salieron bien parados.
Comenzando por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pues según la medición sólo 9.2 por ciento de los ciudadanos percibe que está comprometido a resolver el problema de inseguridad; en el ejercicio anterior la cifra fue de 11.2 por ciento.
En general los alcaldes metropolitanos tuvieron un incremento en la percepción de su compromiso para resolver la problemática, a excepción del edil de Juárez, Heriberto Treviño.
Existe, sin embargo, un caso en particular que llama la atención. Se trata del municipio de Escobedo, gobernado por la priista Clara Luz Flores.
Aunque la alcaldesa tuvo un aumento en la percepción de su compromiso para combatir la inseguridad respecto al ejercicio de abril de 2018, con una cifra del 37.5 por ciento de la ciudadanía, hay otros dos indicadores en los que el municipio tuvo un retroceso.
Tanto en la percepción de seguridad del lugar donde vive, como en el nivel de confianza en las policías municipales, la percepción ciudadana bajó en sus porcentajes, ubicándose en 17 y 8.8 por ciento respectivamente.
¿Por qué es un mensaje para Clara Luz Flores? Porque la alcaldesa ha hecho de su estrategia de seguridad la bandera de su proyecto político y pretende construir su candidatura rumbo a la gubernatura a partir de ello. Incluso ha presumido sus políticas públicas a nivel nacional e internacional. Sin embargo, estas cifras no respaldan lo que presume.
Las contradicciones de Álvaro Ibarra
Después de que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, solicitara a la administración estatal el mando total en la seguridad en el municipio, se han venido sumando distintas posturas a favor de la propuesta, la última el día de ayer por parte de la iniciativa privada durante la presentación del Pulsómetro, e incluso se sabe que el gobernador Jaime Rodríguez ha mostrado voluntad política para comenzar la transición.
Pero hay que recordar que no es la primera vez que el municipio de Monterrey pretende asumir el control total de la seguridad, no sólo Adrián de la Garza ha considerado el proyecto desde su primer periodo como alcalde, sino que incluso su predecesora, la panista Margarita Arellanes, también lo propuso al gobierno estatal que entonces encabezaba Rodrigo Medina.
Uno de los personajes que más se opusieron a que el estado cediera el control de seguridad al municipio durante el sexenio medinista fue el entonces secretario de Gobierno, Álvaro Ibarra.
El diputado local es hoy uno de los principales impulsores de que el municipio tome el control total de la seguridad y hoy defiende los argumentos que rechazó cuando fue secretario.
