Redes de Poder MTY: El lastre de Santos Guzmán y un revés para gobierno estatal
Rojo fue vinculado a proceso por el delito de amenazas y discriminación por un juez de control, algo ante lo que el rector ha callado públicamente
Redes MonterreyEl rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán, tendría que mostrar una postura clara acerca de la situación del movimiento estudiantil en la Facultad de Comunicación, cuyos estudiantes se encuentran inconformes por la elección de su director, Mario Rojo.
Y más aún ahora que Rojo fue vinculado a proceso por el delito de amenazas y discriminación por un juez de control, algo ante lo que el rector ha callado públicamente, lo que se percibe como una estrategia para proteger al director.
Nos aseguran que existen dos denuncias más, muy serias, en contra Rojo lo que, en caso de confirmarse, complicaría aún más la gestión de Santos Guzmán, quien podría verse orillado a nombrar a un interino para esta Facultad que no esté ligado al actual director.
En rectoría, nos dicen, ya están buscando nombres de personas, sin embargo, se tratan de personajes relacionados con Rojo, por lo que no habría un cambio en la práctica. Por cierto, veremos si el rector ofrece respuestas sobre los patrocinadores del concierto masivo por la celebración del 90 aniversario de esta universidad, el cual contó con artistas de talla internacional.
Un revés para gobierno estatal
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que desaparece la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León (UIFNL), que dependía de la administración del aún gobernador, Samuel García, ha sido un severo golpe a su Gobierno.
Ahora, este ente se convertirá en la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera y dependerá de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que tiene como encargado de despacho a Pedro Arce, es decir, quedará fuera de la esfera de influencia del Gobierno del estado.
Este cambio se concretó debido a una controversia constitucional promovida por el Congreso local, después de que el decreto legislativo que establecía que la extinción de la UIFNL tendría que haberse publicado en el Periódico Oficial del estado.
Lo que le queda a la administración estatal es judicializar el nombramiento del fiscal, una práctica muy común, además de explorar la opción de nombrar a un encargado de despacho para que opere esta Fiscalía.
Sin duda, más de un funcionario naranja y hasta alcaldes tendrían que estar preocupados por posibles investigaciones, nos dicen.
