El dictamen aprobado por la Comisión Anticorrupción en donde se establecen las reglas procesales para la sanción a Jaime Rodríguez y Manuel González es muy endeble en términos jurídicos y podría ser fácilmente impugnable por los funcionarios, nos comentan.
En el documento existen muchas inconsistencias y de fondo no está bien sustentado jurídicamente para que pueda ser aplicado. Comenzando porque los legisladores no mencionaron ningún precedente o antecedente de jurisprudencia que pudiera ser aplicable al caso y no se establecen plazos claros para determinar la sanción.
Otro punto a tomar en cuenta es que en el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se establece que los 572 funcionarios involucrados en el caso de la recolección de firmas en favor de la candidatura independiente de Jaime Rodríguez deberán ser castigados en medidas de su responsabilidad, no únicamente el gobernador y el secretario de gobierno.
También hay una contradicción al citar a los funcionarios como “infractores”, sin embargo se abre un espacio para la admisión de pruebas y alegatos, a pesar de que ya el asunto está juzgado por el tribunal, por lo que responsabilidad ya quedó establecida.
¿Cuál será la intención de presentar y aprobar un dictamen tan vulnerable? ¿Quién es el principal afectado si se cae el procedimiento?
La evasión de Boni
El presidente de la Comisión Anticorrupción, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Arturo Bonifacio de la Garza, decidió no hablar más del tema de la sanción del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y del secretario de Gobierno, Manuel González.
Simplemente anunció que dejará de ser el vocero para informar sobre los avances, y ahora el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, el panista Juan Carlos Ruiz, sería quien hable de este tema, es decir, el diputado emecista se quitó la responsabilidad.
Lo que llama mucho la atención es que el legislador deje pasar la oportunidad de contar con reflectores para informar sobre lo relacionado con el proceso de sanción, y con esto seguir con la cruzada emprendida por su compañero de partido, el senador Samuel García.
Quizás ya está pensando que el castigo contra los funcionarios que él y su bancada de Movimiento Ciudadano impulsaron no tendrá futuro y podrían ser tumbado.
Nos aseguran en pasillos legislativos que el haber impulsado las reglas procesales para la broncosanción podría resultar en un tiro en el pie por parte de la bancada naranja.
