La empresa paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey, que encabeza Gerardo Garza González, también está buscando contratar un despacho jurídico para que sea este el que se encargue de recuperar el pago por el servicio del agua a los usuarios morosos, o en su caso, cortar el servicio.
Por lo pronto, en la solicitud enviada al Congreso para endeudar más a la paraestatal y renegociar la deuda existente mediante intermediarios de asesoría financiera, también se pretende adquirir los servicios de despachos jurídicos independientes.
Todo apunta a que la empresa busca cobrar a través de medidas legales a los usuarios.
Nos aseguran que esto no está establecido en el reglamento de Agua y Drenaje de Monterrey, por lo que el director de la empresa está buscando el aval de los coordinadores del PRI, PAN, Francisco Cienfuegos y Carlos de la Fuente, respectivamente, y en especial del líder de Morena, Ramiro González, quien preside la Comisión de Presupuesto en el Congreso local. Dentro de la propuesta que fue turnada para el estudio de los legisladores, también se incluye un proyecto para adquirir los servicios de un despacho contable.
La pregunta es ¿Sabrá el Consejo de estas propuestas para contratar despachos externos?
Y es que, hasta el momento no se ha hecho pública el acta de la última asamblea, donde se tocan las finanzas de Agua y Drenaje de Monterrey.
Sería interesante también contar con la proyección de cuánto costará la contratación de los despachos externos, y cuánto se estima recuperar, para saber verdaderamente la viabilidad y conveniencia financiera de estos proyectos.
Semana incierta por transporte
La espera por la reunión del Consejo Estatal de Transporte se le está haciendo larga a todos los involucrados, pero quizá, descontando a los transportistas, a nadie más que al gobierno estatal, que se ha puesto en una situación en donde está arrinconado tanto por los empresarios del transporte como por la sociedad civil y los usuarios.
Ayer, tras publicarse que la administración de Jaime Rodríguez Calderón había presuntamente hecho llegar una propuesta de incremento al resto de los integrantes del Consejo, el gobierno negó haber sugerido un incremento específico.
La postergación, una y otra vez, de la decisión de apoyar o no respaldar el alza que pretenden los transportistas ha desgastado y elevado la tensión de forma innecesaria a un ya controvertido debate.
Pero la situación se podría complicar aún más, puesto que desde el Congreso estatal, el PRI ya está preparando una iniciativa a la Ley de Transporte para fijar fianzas de 600 mil pesos a los concesionarios transportistas para que puedan ser ejecutadas en caso de que se incumpla con el servicio, como ocurrió hace justamente una semana.
Todo indica que este miércoles se tomará una decisión, pero no dude de que la discusión se siga alargando y que se siga incrementando la molestia de todas las partes.
