La vida política de Nuevo León quedará marcada por la falta de capacidad del Congreso local para entender que no todo puede manejarse bajo su soberbia legislativa, pues ahora están contra las cuerdas.
Primero por no reintegrar a Ángel Mario García Guerra como magistrado y después por la aprobación de la objeción de conciencia.
Por lo pronto, nos aseguran personas allegadas a García Guerra, que podría interponer una demanda penal contra los legisladores, lo que que traería consecuencias muy serias.
Durante dos años, el Congreso le complicó las cosas a Ángel Mario, quien acabó muy enfrentado con los diputados, a pesar de que afirma que sólo reclamaba sus derechos. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón, podría incluso hasta solicitar la destitución de los legisladores por desacato.
Parece que los diputados pasarán de buscar destituir al gobernador Jaime Rodríguez a defenderse para no ser destituidos.
Lo cierto es que muchos legisladores sí están preocupados por la demanda que pudiera interponer el equipo jurídico de Ángel Mario.
También quedaron retratados en cuanto a la objeción de conciencia, y el Congreso quedó muy mal parado tanto a nivel nacional como internacional. Algunas organizaciones ya están esperando que Manuel González, secretario general de Gobierno, publique la reforma en el Periódico Oficial del Estado, para que se interponga una acción de inconstitucional por la misma.
Lo mejor sería que la Suprema Corte decida si discrimina o no antes de que los legisladores sigan sus propias campañas particulares.
Descartan verificación
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón descartó que en la entidad se vaya a implementar la verificación vehicular como una medida para contrarrestar la contaminación.
Para esto, asegura, ya se cuenta con el sistema de monitoreo móvil adquirido por su administración, el cual ya comenzó su periodo de pruebas el pasado lunes 21 de octubre. En teoría, este sistema cumple la función de detectar vehículos contaminantes sin necesidad de que el ciudadano pague por ello.
Ya a partir del monitoreo de verificación que se está realizando en las calles, el cual dijo que costó 2 millones de pesos, será responsabilidad de los alcaldes si retiran o no los vehículos particulares que estén generando contaminación, pues la administración estatal solo sacará de circulación al transporte público contaminante.
Hay que recordar que el mes pasado, “El Bronco” propuso utilizar los recursos que estaban destinados a implementar la verificación vehicular para apoyar a la reconstrucción tras los desastres provocados por la tormenta tropical Fernand.
