Redes de poder MTY: Concretan tarifazo del Metro y buscan reconocimiento de derechos

Finalmente, el secretario de Movilidad estatal, Hernán Villarreal, anunció la aprobación del incremento a la tarifa del Metro.

Al parecer no se tomó en cuenta que este aumento afecta la economía familiar, y el funcionario estatal justificó subir de 4.50 pesos a 5.50, además de un aumento de 10 centavos por mes hasta llegar a los 9 pesos, señalando las omisiones de la anterior administración.

Lo que muestra Villarreal, sin duda, es una falta de sensibilidad hacia los usuarios, que en estos momentos están resintiendo los estragos de una inflación severa en Nuevo León y en todo el país.

Este aumento, dicen, está en línea con un acuerdo de un consorcio que operará las nuevas Líneas 4, 5 y 6 del Metro. Cuando estén listas para su uso, la empresa arrancará cobrando 9 pesos.

Realmente no es negocio para la empresa ganadora que la tarifa se quede en 4.50 pesos. Esa pudo ser una condición para poder entrar a la operación del Metro. Veremos si desde la sociedad civil o desde el Poder Legislativo local se pronuncian por estos aumentos.

Buscan reconocimiento de derechos

Otra mujer busca que se reconozca el derecho de amasiato por parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en un estado tradicionalista y conservador.

Se trata de Martha Josefina López Martínez, quien vivió en amasiato durante 22 años con un hombre que se desempeñaba como médico en una clínica del Seguro Social, con quien procreó dos hijos.

El caso de Martha Josefina sería apenas el segundo en esta entidad, pues el primero fue la demanda que interpuso Melissa Sepúlveda para que se le reconozca el derecho de amasiato, aunque al día  hoy su caso está aún en proceso de resolución.

Nos comentan que este primer caso ya está cerca de terminar y pudiera tener una resolución favorable por el juez que tiene el expediente.

Incluso, con estos dos precedentes, no se debería descartar que el amasiato podría ser una figura que se toque en la nueva Constitución de Nuevo León, que hoy está en análisis en el Congreso local, pues existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la protección de los nuevos modelos de familia.