Alrededor del desmonte que se realiza en el Cerro de Las Águilas, en el sector San Jerónimo, donde se planea un desarrollo inmobiliario, persisten muchas dudas, especialmente respecto a la legalidad de los trabajos que ya se han hecho, pues se ignora si los impulsores de este proyecto cuentan con las autorizaciones pertinentes.
Es por ello que las miradas se dirigen a la Secretaría de Desarrollo Urbano, a cargo de Brenda Sánchez. Este desarrollo fue suspendido por la realización de cortes en el cerro, los cuales formaban parte de un proyecto no vigente. Todo ello sucedió, claro, en los tiempos en los que Laura Ballesteros era titular de esta área.
Por ello, es importante que Brenda Sánchez sea transparente y dé a conocer cuál es la situación de este proyecto el cual, además de causar daño ambiental, se está construyendo en una pendiente mayor a 45 por ciento.
Por cierto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, quien se ha mantenido en estrecho contacto con los vecinos de San Jerónimo, aseguró que pedirá a la Profepa una investigación por el desmonte, pero ¿por qué mejor no comienza por pedirle a Brenda Sánchez que presente un informe de ese desarrollo?
Mucho ruido, pocos avances
Diputados de oposición del PAN y PRI, liderados por Carlos de la Fuente y Heriberto Treviño, han realizado una serie de denuncias e incluso presentaron una solicitud de juicio político contra el gobernador Samuel García y el secretario de Gobierno Javier Navarro. Sin embargo, todo ha resultado, de momento, en mucho escándalo y pocos resultados.
Pareciera que la intención de sancionar a estos dos funcionarios son una pantalla para simular que combaten las violaciones a la Constitución local, sobre todo en el caso de Navarro, quien se negó a publicar decretos legislativos en el Periódico Oficial del estado.
Nos dicen que lo mejor, respecto al juicio político contra el mandatario, sería realizar por escrito la comparecencia que tiene programada para el próximo 10 de febrero. Y aunque se le quitara el fuero a García, y fuera sometido a juicio, luce difícil, por ahora, que se pueda llegar tan lejos.
Y es que, con tan sólo liberar los 2 mil 500 millones de pesos a los municipios gobernados por la oposición, Samuel resuelve gran parte de los problemas que lo han llevado a mantener una relación tóxica con el Poder Legislativo. Veremos esta semana cómo se desarrolla este tema y si realmente existen argumentos legales para someter a juicio político al gobernador.
