Llamó la atención que el hoy exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo, salió al terminar el grito de la independencia con su familia en lujosas camionetas blindadas, claro, propiedad del Gobierno de Estado México, escoltados además por un séquito de guardaespaldas, pagados por el gobierno mexiquense. Todo esto, claro, en contra de la política de austeridad promulgada por la 4T. Pero, lo más importante, un beneficio para quien ya es un ciudadano más que se debe regir con las mismas reglas que la población en general. ¿Es una prestación que el gobierno estatal le otorga a del Mazo?, ¿por qué?, ¿o son lujos que paga el exmandatario de su bolsa?, ¿de dónde sale el dinero?
Negligencia cuesta vidas y millones
Nos cuentan que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) de Morelos tendrá que desembolsar más de ocho millones de pesos por concepto de reparación de daños, al comprobarse que los 15 recién nacidos que murieron en el Hospital General de Parres en Cuernavaca en 2018, durante la administración de Graco Ramírez, lo hicieron por negligencia de las autoridades de este centro médico. Organizaciones civiles celebraron la resolución de las autoridades que obliga a la CEARV a indemnizar a las familias de las víctimas e hicieron un llamado para que se finquen responsabilidades sobre los directivos de este hospital, pues aseguran que a cinco años de este suceso, las investigaciones siguen estancadas.
Med Lik bajo la lupa de Salud
La firma Med Lik, dedicada a servicios de ambulancia aérea y terrestre, está en la mira de la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer. Y es que esta compañía, propiedad de Pedro Zaragoza Cárdenas, sigue acumulando denuncias en la Profeco, de Ricardo Sheffield por incurrir en prácticas presuntamente fraudulentas en el estado de Jalisco. A pesar de que esta compañía anuncia con bombo y platillo que cuenta con disponibilidad las 24 horas al día, “para responder rápidamente a las emergencias”, la ola de quejas señala que generalmente argumenta poca disponibilidad de pilotos o modificaciones en la aeronave, lo cual provoca retrasos intolerables para casos donde los pacientes se encuentran en estado crítico. Sin mencionar que pide el pago por adelantado y que después de las innumerables cancelaciones, se penaliza hasta con un 50 por ciento del depósito. Ya parece que es tiempo de actuar para las autoridades.
