Diputadas y diputados de Jalisco tienen entre manos un asunto muy delicado con la designación de Luz del Carmen Godínez González, como la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), pues su decisión despertó la inconformidad generalizada de todas las principales organizaciones ciudadanas enfocadas en la defensa de los derechos de los jaliscienses.
Si las y los legisladores de Jalisco ya leyeron (ojalá que sí) el pronunciamiento conjunto que emitieron estas organizaciones para cuestionar la designación de Godínez González, y para solicitar la reposición del procedimiento, se tuvieron que haber inquietado cuando repasaron los nombres de las asociaciones que se sumaron a la misiva:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), Dignidad y Justicia en el Camino A.C., (FM4 Paso Libre), Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ); Observatorio Legislativo ITESO; Por Amor a Ellxs; Plataforma Tomalá Ciudad; Amedi Jalisco y un muy largo etcétera.
El problema con la designación que señalan las organizaciones parece insalvable: Godínez González incumple el requisito establecido de no haber sido servidora pública durante los últimos dos años.
Van por reposición del proceso
Las asociaciones civiles alzaron la voz y pusieron en papel su desacuerdo, por ello solicitan: “Que en respeto a la ley y los requisitos de la convocatoria, reponga el procedimiento de elección de la persona que ha incumplido con los requisitos establecidos, mismo que deberá apegarse a los más altos estándares internacionales en la materia y ser construido en conjunto con las víctimas y la sociedad civil, eligiendo a una persona que tenga preparación y capacidad real de responder a la crisis de derechos humanos en Jalisco”.
Esta inconformidad alrededor de la designación de Godínez González es, sin duda, uno de los mayores problemas políticos en el estado. Si la nueva ombudsperson comienza su gestión sin el reconocimiento de estas organizaciones, el escenario que se abre para los jaliscienses es uno muy oscuro, pues las recomendaciones de la Comisión estarán heridas de muerte en su legitimidad. ¿De veras la clase política de Jalisco quiere para el estado un horizonte como el que se vive en el país, con una Comisión Nacional de Derechos Humanos prácticamente cooptada por el poder público?
