En los pasillos de Morena Jalisco se escucha fuerte que, al parecer, se ha creado una alianza muy sospechosa entre su presidenta estatal, Katia Alejandra Castillo Lozano, y el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, para lograr que este repita en el cargo, aunque cerrándoles las puertas a las morenistas que deseaban contender por dicho puesto.
El problema, sin embargo, es que lo que se dice entre los morenistas es que en el Gobierno de Puerto Vallarta -probablemente la alcaldía más relevante que tiene en su poder Morena en Jalisco, junto a Tonalá-, se habría creado una nómina oculta que presuntamente estaría beneficiando a la dirigencia de ese partido en el estado.
Lo cierto, sin embargo, es que tanto la presidenta del partido como el alcalde están usando todos los medios a su alcance para concretar la reelección del munícipe, aunque pisoteando los derechos políticos de las propias morenistas; tan es así que de forma bastante callada Morena Jalisco ha impugnado mediante un recurso de revisión el Acuerdo IEPC-ACG-106/2023 que emitió el Instituto Electoral local.
Ese Acuerdo será la base con la que las fuerzas políticas determinarán dónde postularán mujeres y dónde hombres de forma paritaria. Con su contenido actual –los municipios se ordenan bajo criterios poblacionales y de competitividad-, en Puerto Vallarta, Morena tendría que postular a una mujer; por eso, tanto Castillo Lozano como su alcalde están buscando echarlo abajo para que él pueda ser reelecto.
Por ello, así como Castillo Lozano promovió que Morena impugnara el acuerdo –por ahora ante el propio Instituto Electoral-, el alcalde hizo lo propio pero ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en el que presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, específicamente en contra de dicho Acuerdo IEPC-ACG-106/2023.
Posible uso de recursos
Por cierto, en el juicio que promueve el alcalde de Vallarta aparece como una de las abogadas que lo representa y que puede recibir notificaciones en su nombre, Miroslava Dorado Fernández, quien también aparece en la nómina publicada del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Puerto como coordinadora jurídica del mismo, es decir, es funcionaria municipal, lo cual podría configurarse como una utilización de recursos públicos para favorecer el proyecto electoral del morenista.
Hay morenistas jaliscienses que encuentran muy cuestionable el proceder de su presidenta, además de incongruente, pues recuerdan que Morena fue muy crítico con Movimiento Ciudadano cuando este impugnó a finales del 2023 el acuerdo de paridad que emitió el Instituto Nacional Electoral, vinculado con los comicios venideros por las gubernaturas: aquí en Jalisco, dicen los morenistas, su presidenta está haciendo lo mismo y sin consultar a las bases, persiguiendo presuntos fines muy oscuros, y además de forma subrepticia, muy lejos de la transparencia que esperaban de su liderazgo.
Lo cierto, sin embargo, es que tanto la presidenta del partido como el alcalde están usando todos los medios a su alcance para concretar la reelección del munícipe, aunque pisoteando los derechos políticos de las propias morenistas; tan es así que de forma bastante callada Morena Jalisco ha impugnado mediante un recurso de revisión el Acuerdo IEPC-ACG-106/2023 que emitió el Instituto Electoral local.
