Redes de Poder: Bautizo de fuego para Alcalde

El caso Ayotzinapa apunta para ser, extraoficialmente, la primera gran prueba de oficio político para Luisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación. Tras la reunión de los padres de los 43 normalistas con AMLO y después de las manifestaciones y el descontento que han expresado, será la secretaria, junto el subsecretario Alejandro Encinas quienes atenderán el reclamo por los presuntos documentos que no ha entregado Sedena. La cita para Alcalde es este lunes 25 de septiembre, al cumplirse 9 años de la desaparición. Atentos.

No olvidan

El presunto interés de Hugo López-Gatell para ser candidato al gobierno de la Ciudad de México generó, nos dicen, sorpresa y malestar en ciertos sectores de Morena. De confirmarse su aspiración, sería otro perfil más que se anota por esta fuerza política para buscar gobernar la ciudad en 2024.  Aunque varios liderazgos ven con malos ojos al subsecretario de Salud federal, pues no olvidan que mantuvo varios desencuentros con Claudia Sheinbaum durante la emergencia sanitaria, lo que le puede pesar. En los próximos días se determinará la participación del funcionario federal.

Exceso de amparos

Las maniobras jurídicas de empresas poderosas a menudo tienen consecuencias no deseadas, y el caso de Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, no es la excepción. Se dice que los amparos que ha presentado esta firma contra las demandas laborales que enfrenta, y que tiene aparentemente perdidas, están creando un efecto dominó en el sistema de justicia de Campeche. Dicen que, en un solo día, el Juzgado Tercero de Distrito de la entidad llegó a manejar hasta 56 expedientes relacionados con la naviera, lo que ha provocado un atasco considerable. Tal acumulación desplazó la carga hacia el Juzgado Segundo de Distrito, donde ahora la juez Emma Magnolia Ayala Rivera tiene la ardua tarea de resolver estos casos. Aunque aquí, lo preocupante no es solo la cantidad, sino el tiempo.

Para los trabajadores afectados, algunos esperando resoluciones por más de una década, es una táctica dilatoria que impide su derecho a la justicia.