Rafael Moreno Valle, gobernador poblano, deberá estar bastante satisfecho porque su “Ley Bala”, aprobada por el congreso de esa entidad e inmediatamente implementada, ya tuvo su primer fruto:
El asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, a manos de la Policía Estatal Metropolitana durante el desalojo violento (por supuesto, como lo establece la respectiva legislación) de los habitantes de Chalchihuapan que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco para exigir los servicios del Registro Civil.
El poblano ya es un gobierno manchado de sangre. Rafael Moreno Valle, a pesar de buscar todas las justificaciones, incluyendo la de culpar a los propios inconformes de la muerte del niño Tehuatlie Tamayo, encabeza una administración gubernamental represora.
Este mandatario panista, utilizando a sus escribanos de su Coordinación de Comunicación Social, está plenamente cierto que a través de boletines de prensa, desplegados pagados en medios de circulación nacional y llamadas telefónicas, se lavará la sangre de un pequeño de 13 años.
En pasadas entregas referimos que la “Ley Bala” es la versión moderna de la expresión del dictador Porfirio Díaz (“Mátalos en caliente”, orden que envió al gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, para sofocar una rebelión), cuyo objetivo único es mantener en Puebla la paz y tranquilidad… de los cementerios.
Esta es la obsesión del panista Moreno Valle, aspirante a la Presidencia de la República.
Desde lo más “alto” de lo que significa la gubernatura de Puebla, Moreno Valle abusa del poder y de esta manera levanta el índice para lanzar el acostumbrado “yo acuso”, para denostar, descalificar y hasta adjudicar la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo a los mismos habitantes de Chalchiahuapan.
No es la primera ni será la última vez que la voz del gobierno poblano, ante las evidencias en contra, intente desmarcarse de este asesinato. Las balas de goma se han presentado como prueba. Ahí están los frascos que contienen gases lacrimógenos, que al lanzarse se convierten en proyectiles.
Pero hay un as bajo la manga en la administración de Puebla y es el cinismo atroz que, de pronto y por decreto, pudiera convertir en un suicida o kamikaze al malogrado José Luis.
Esta maquinaria la han puesto en marcha tres especialistas en “comunicación social”, por cierto militantes del Partido Acción Nacional, hoy incrustados en puestos clave a nivel federal, en la iniciativa privada y en el gobierno de Puebla.
José Luis Alcudia Goya, quien en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón fue “comunicador” en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Ceneval. Hoy está en el Seguro Social.
Héctor Alcudia Goya, responsable del manejo de prensa de Javier Lozano Alarcón cuando este fungió como secretario del Trabajo en la presidencia de Calderón Hinojosa. Actualmente es vocero de Rafael Moreno Valle.
Jaime Alcudia Goya estuvo a cargo del manejo de los medios informativos en el IFAI durante el lapso en que Alonso Lujambio era responsable de esta institución. Últimamente está de paso en una estación radiofónica como encargado de Relaciones Institucionales.
Poco acostumbrados a mencionar, para bien o para mal, a jefes de prensa, hoy es indispensable hacerlo pues los hermanos Alcudia Goya se han convertido en una peligrosa tríada para el periodismo.
En más de una ocasión han pedido la cabeza de quienes se atreven a criticar a sus respectivos jefes a cambio de millonarios contratos de publicidad. De esto hay nombres en Puebla y en la Ciudad de México.
Normalmente la propuesta de los Alcudia Goya es el silencio cómplice a cambio de plata, o el despido de los medios en donde trabajan quienes optan por la crítica (esto podría interpretarse como plomo).
¿Diálogo? ¿Civilidad? ¿Negociación? Son los tres frutos prohibidos en el edén poblano propiedad de Rafael Moreno Valle.
Otro dato: actualmente en Puebla hay 37 líderes sociales encarcelados.
Por cierto, el asesinato de un niño nunca se borrará con inserciones pagadas de un gobierno intolerante.
Guillermo Padrés, otro panista que siembra odios
En la capital del país mucho se desconoce lo que ocurre en las entidades, tanto del norte como del sur.
De ahí que gracias a esa deliberada incomunicación, poco se sabe de cómo gobierna el panista Guillermo Padrés, por ejemplo, que gracias a sus declaraciones empieza a confrontar a la población de Hermosillo y de otros 20 municipios, en contra de los yaquis, tribu que se enfrenta al gobierno de esa entidad, por el agua.
El problema del agua en la capital sonorense, no es nuevo. Lo novedoso en este caso es que Padrés Elías trata de tapar un hoyo de poco diámetro, cavando otro de grandes dimensiones.
Al mandatario Padrés se lo hizo fácil construir un acueducto que dotara de agua a Hermosillo y a otros municipios de la región. Acostumbrado a que el poder es para ejercerse pasando sobre todo, el gobernador panista inició la obra cuyo origen está en el corazón de tierras propiedad de la tribu Yaqui, a la que no tomó en cuenta. Al fin y al cabo son indios.
Pero vino el problema.
Los yaquis, al ver que el “popote” que traslada agua (mil 200 litros por segundo) a la capital de Sonora, iniciaron una protesta que consistió en bloquear la carretera México-Nogales. Esto ocurrió hace varios meses.
Este bloqueo concluyó cuando se argumentó que el acueducto, demagógicamente bautizado como “Independencia”, dejó de funcionar.
Pero como la palabra de honor desapareció hace tiempo del diccionario de muchos políticos y Guillermo Padrés no es la excepción, cuatro meses después de la promesa de no bombear más agua a Hermosillo, el acueducto “Independencia” volvió a funcionar y los bloqueos de la tribu Yaqui tampoco se dejaron esperar.
El escenario de guerra por el agua, desatada por Padrés Elías, no es muy halagüeño.
Apenas el 10 de julio el juez octavo de distrito confirmó la sentencia que dictó el 9 de junio y falló en contra de la operación del acueducto “Independencia”.
Además, fijó un plazo de tres días hábiles para detener el trasvase de agua desde la presa “El Novillo” a la ciudad de Hermosillo.
Y vino el esperado choque entre autoridades judiciales, pues el lunes 14 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito desechó la decisión del juez octavo y ordenó que el acueducto siga operando.
Esta decisión se derivó ante la inconformidad del Ayuntamiento de Hermosillo por considerar que pondría en riesgo la subsistencia de 850 mil habitantes.
El despojar del agua que le sirve de riego a los yaquis no es la única solución a un problema que, repetimos, es añejo. Esta vez Guillermo Padrés olvidó que los yaquis tienen todo el derecho a defender lo que les pertenece y con ello evitar que, una vez más en este país, el indígena de alguna manera sea sacrificado.
Para Padrés Elías los yaquis casi casi son los responsables de la falta de agua en Hermosillo.
Todo parece indicar que el problema apenas inicia.
De poderosos funcionarios de gobierno a empleados VIP
Primero, van los nombres:
Grupo Diavaz, OHL, Ienova, Iberdrola, Jacobs Engineering Group y Oro Negro.
El Grupo Diavaz, ubicada en todas las zonas estratégicas, es encabezado por Óscar Vázquez Sentíes, uno de los 10 proveedores más importantes de Petróleos Mexicanos.
Pedro Aspe Armella (ex secretario de Hacienda) dirige el Fondo Evercore México Capital Partners, coorporación que tiene el 20 por ciento de Diavaz.
Diavaz se relaciona con todo lo referente a la industria petrolera. Se le ubica en producción de gas en Reynosa, Tamaulipas; también se le ve en la distribución de gas en Monterrey, Nuevo León. También tiene actividades en el desarrollo y producción de reservas de hidrocarburos en Poza Rica, Veracruz.
Obrascón Huarte Lain Industrial (OHL), empresa constructora que preside José Andrés de Oteyza (secretario de Patrimonio y Fomento Industrial con López Portillo).
Van los nombres de los integrantes del consejo de administración de OHL:
Carlos Ruiz Sacristán (director general de Pemex en 1994 y secretario de Comunicaciones y Transportes de 1997 a 2000, en el gobierno de Ernesto Zedillo), Jesús Reyes Heroles González Garza (director de Pemex entre 2006 y 2009, en la administración de Felipe Calderón. Antes fue secretario de Energía, 1995-1997, en el gabinete de Ernesto Zedillo).
Un poco más de Carlos Ruiz Sacristán:
Es responsable de la empresa Ienova, operadora de infraestructura energética, subsidiaria de Sempra Energy. Esta corporación fue acusada en la Unión Americana de lavado de dinero y defraudación fiscal. En ese país también fue señalada como manipuladora de precios de la energía eléctrica.
En México Ienova es responsable de daños al medio ambiente.
Georgina Kessel, en todo este asunto de la energía eléctrica, no vende piñas.
Fue secretaria de Energía durante los primeros cinco años del calderonato. Actualmente forma parte de Iberdrola como consejera.
Juan José Suárez Coppel (director de Pemex 2009-2012), hoy presta sus servicios a Jacobs Nederland BV, subsidiaria de Jacobs Engineering Group.
En la poderosa empresa Oro Negro está Gonzalo Gil White, sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el foxiato. José Antonio Cañedo White es presidente del Consejo de Administración.
Emilio Lozoya Thalman (secretario de Energía en el salinato), padre de Emilio Lozoya Austin (actual director de Pemex), fue consejero de la constructora OHL, que en momentos de la Reforma Energética busca hacer negocios en el país.
No hay que olvidar que en su momento tuvieron información privilegiada.
Conclusión: de poderosos secretarios de Estado, a empleados de las transnacionales de energía.