En el Municipio de San Pedro hay dos funcionarios que deben muchas explicaciones sobre el caso de la Torre Tanarah y la pifia legal que derivó en el inejercicio de la acción penal que dictó la PGR.
Uno de ellos es José Antonio Garza, director jurídico de San Pedro, quien era responsable de darle seguimiento a esta denuncia penal en contra de los dueños de este inmueble, pero no lo hizo.
El otro al que señalan es al síndico Juan Juan Castro Lobo, quien no estaba en condiciones de firmar la apelación contra la decisión de la PGR, cuando se requería que fuera signada y entregada dentro del plazo.
El síndico se encontraba disfrutando de un viaje en Las Vegas, Nevada, el día en que se vencía el plazo para presentar la inconformidad y su firma era indispensable.
Exhiben a funcionarios en posada sindical
Durante la posada navideña de los trabajadores del municipio de San Pedro, el líder sindical Rafael Reyes se bailó al secretario del Ayuntamiento, Bernardo Bichara, y al secretario de Administración, Hernán Salinas.
En su mensaje, primero el dirigente de los burócratas sampetrinos criticó con todo –sin mencionar nombres- a algunos regidores del Ayuntamiento sampetrino.
Pero luego vino lo mejor: Reyes anunció que donaría 50 mil pesos (obviamente no de su bolsillo) para rifarlos durante la posada.
El dirigente retó a los regidores de San Pedro a colaborar en la vaquita, pero no tuvo respuesta, lo que provocó una rechifla de desaprobación por parte de los trabajadores.
Luego, Reyes se dirigió a los secretarios Bernardo Bichara y Hernán Salinas, a quienes públicamente les preguntó el tamaño de su amor por los trabajadores municipales que estaban ahí reunidos.
La maniobra surtió efectos y cada uno de los funcionarios de Ugo Ruiz le tuvo que caer con 10 mil pesos.
Ruiz fue más listo que todos: se disculpó por andar en un viaje a la Ciudad de México y lo único que mandó fue un saludo navideño a través de un video.
Reforma sin capacitación
La reforma que aprueban en el Congreso del Estado para adelantar más delitos que ahora serán investigados y procesados bajo el nuevo esquema del sistema penal, no previó la capacitación de los involucrados.
Y es que para abril de 2014 quedarán bajo el nuevo sistema penal acusatorio todos los delitos patrimoniales, con excepción del despojo de inmueble, robo cometido con violencia y el robo de vehículo, que serán incorporados hasta enero del 2015.
Se aumentaron los delitos que serán vistos en el nuevo sistema, sin embargo, el Gobierno del Estado no incrementó los recursos ni la capacitación para los actores que implementarán la reforma.
Parece que el futuro ya alcanzó a la Procuraduría del Estado y al Poder Judicial con estas reformas.
Incluso, la premura y la falta de planeación es tal, que apenas el lunes de esta semana, el 16 de diciembre, la reforma llegó al Congreso del Estado para ser aprobada, porque el tiempo se les vino encima.
Y si se les vino encima a las instancias involucradas, incluyendo al órgano implementador de la reforma, el SIJUPE, pues ¿cómo les caerá encima entonces a los policías ministeriales, fiscales y jueces?…
El director general de la Comisión Ejecutiva para la Implementación de la Reforma Penal es Catarino García Herrera, un abogado de la era del cretáceo, que quizás recuerdes como uno de los fiscales especiales para investigar el asesinato de Leopoldo del Real, el primer crimen al estilo de la mafia, de alto impacto, en un lugar público de Monterrey.
Caso que García Herrera hizo más bolas que el engrudo y nunca resolvió.
Ahora, ¿podrá implementar la reforma o también está ahí para hacer bolas el asunto?
