¿Quién gobierna Guerrero?

Guerrero es tierra de nadie.

O mejor dicho, está en poder de la delincuencia que hace toda clase de destrozos. 

Lo mismo puede incendiar impunemente el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, que pintarrajear el aeropuerto de Acapulco e interrumpir sus operaciones, o si se les viene en gana, quemar la sede estatal del PRI.

¿Y el gobernador Rogelio Ortega? Bien gracias. 

Como el gobernador no quiere pasar por represor, continúa dando órdenes a la policía estatal para que no intervenga. 

Consecuentemente, la ausencia de autoridad provocó que el subsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Juan José Gatica haya sido secuestrado por los manifestantes. 

¿Qué quemarán hoy estos vándalos? 

Deslealtad

¿Por qué la Policía Federal protegió a algunos de los que incendiaron la puerta principal del Palacio Nacional el sábado pasado?

La evidencia fotográfica es contundente y demuestra que dentro de la Policía Federal hay quienes están traicionando la confianza que depositó en ellos el Ejecutivo Federal. 

Por otra parte, hay que decir que no es la primera ocasión que sucede una deslealtad como esta. 

Como se recordará, algo parecido ocurrió el 1 de diciembre del 2012 cuando algunos encapuchados fueron protegidos por la Policía Federal que todavía comandaba Genaro García Luna. 

También Michoacán arde

Para acabar de caldear el ánimo nacional, un grupo de encapuchados que supuestamente son estudiantes normalistas, quemaron las oficinas del Partido Acción Nacional y la Secretaría de Finanzas de Michoacán

¿Y el “gobernador” Salvador Jara? Bien gracias. Anda en las mismas que el gobernador de Guerrero, mientras que el gobernador de facto, Alfredo Castillo, también brilla por su ausencia.

Juicios erráticos 

Aunque pudiera ser cierto que el exalcalde José Luis Abarca fue detenido antes de su “detención oficial”, como sostiene el padre Solalinde, eso no se traduce necesariamente en que el gobierno haya manipulado la información, y menos con fines electorales. 

Una cosa es que algunos policías pudieran haber detenido a José Luis Abarca en otro lugar, como lo hicieron en el pasado con Florence Cassez, y otra muy distinta es que los más altos niveles del gobierno estén manipulando la información. 

Si el padre Solalinde tiene pruebas en qué sustentar sus afirmaciones, debería presentarlas a la opinión pública, y si no, lo aconsejable sería que se callara. 

No todo lo que un “pecador” le cuenta a un sacerdote, necesariamente es cierto.