El exalcalde de Apodaca y flamante secretario del Ayuntamiento de Monterrey, César Garza Villarreal llegó a este nuevo cargo con un proyecto bajo el brazo.
El priista plantea poner orden en las direcciones de Alcoholes y de Comercio, ya que encontraron deficiencias, pues los inspectores hacían lo que querían, entre otras cosas.
Los antros y negocios de venta de bebidas embriagantes se encontraban abiertos casi las 24 horas del día, mientras que el comercio ambulante crece cada vez más y sin control.
La idea en lo operativo es poner orden, y ya una vez que se logre, ahora sí desarrollar el plan personal y político del secretario del Ayuntamiento para dentro de tres años: buscar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Monterrey, actualmente en manos de Adrián de la Garza, quien a su vez, buscaría la candidatura a la gubernatura en 2027.
Garza Villarreal no la tiene fácil, ya que internamente también trae un proyecto similar Karina Barrón, nueva secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey.
Allanamiento de morada
La presidenta del Congreso del Estado, Lorena de la Garza está proponiendo algo muy delicado, y no parece que los diputados le den la debida importancia.
La legisladora sugiere que se hagan reformas legales para que los policías municipales sean dotados de herramientas legales para poder recurrir al allanamiento de morada en casos de violencia familiar, y que bastaría con una llamada al 911.
Se trata de un tema que se debe de discutir a fondo, realizándose diálogos en mesas de trabajo con todas las partes involucradas antes de someterlo a aprobación en el Pleno.
De entrada, es de todos conocido que los uniformados estatales, y los municipales, no tienen la capacitación adecuada en cuestiones legales y de intervención, y si se les autoriza tumbar puertas de casa, podría generar más peligro del que pueda existir en un domicilio.
Además, ¿cómo saber que quien pide auxilio al 911, no es el agresor o agresora?
La sanción que avanza
La Comisión Anticorrupción del Congreso local recibirá la notificación del Instituto Nacional Electoral que establece la sanción contra el gobernador Samuel García, por delitos electorales.
Esta sanción pone en evidencia un beneficio indebido electoral a favor del excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, y, claro, al partido de Movimiento Ciudadano.
Aquí lo importante es el tipo de sanción para el mandatario, un tema del que poco se ha informado, ya que puede ser desde una de carácter administrativa hasta destitución del cargo, aunque esta última sanción luce difícil que se concrete.
En este momento dejar un estado sin un gobernador, no se considera para el arranque de mandato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos dicen.
