Apenas fue en febrero cuando la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo obtuvo una suspensión contra el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, luego de innumerables voces que hablaron de la afectación que provocaría la prohibición de la exhibición de los productos de tabaco en los establecimientos comerciales. Hoy sube de tono el reclamo por los estragos que está provocando en el Producto Interno Bruto (PIB), al lastimar a miles de negocios en el país, que con sus pérdidas económicas, ponen en un mayor riesgo la salud pública porque debilitan la recaudación fiscal, promueven mayor informalidad e inseguridad. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), es una de las que enumera las pérdidas económicas de esta prohibición. Según los datos obtenidos en la 19na. encuesta realizada, la medida ha afectado a cerca de 200 mil tienditas afiliadas a nuestra asociación, que reportan una disminución de 22.11 por ciento en la venta de cigarros en este primer semestre del 2023.
Esto también está provocando una caída de ventas en general que alcanza el 25 por ciento, al afectarse también las ventas indirectas de otros productos que se generan con la venta de cigarros. Y justo este 25 por ciento de pérdidas equivale aproximadamente hasta 8 mil 500 pesos mensuales, cantidad que dicen desequilibra la operación de los puntos de venta del pequeño comercio y que, junto a la inflación, inseguridad y sobrerregulación, entorpecen el desarrollo de más de 300 mil empresas familiares que, sostenidos con alfileres, un día sí y otro también, enfrentan el dilema de seguir o cerrar. Prohibir la exhibición de cigarros en los puntos de venta no genera beneficio alguno en el combate al tabaquismo y, en cambio dicen sí fortalece el mercado de cigarros piratas de contrabando, haciendo crecer la informalidad y fondeando las finanzas de las pandillas de delincuentes que lo controlan. Cigarros de dudosa procedencia que ya están en casas de miles de ciudadanos.
El 51.7 por ciento de los pequeños comerciantes saben que la prohibición fomenta la informalidad y lo confirman el 33.6 por ciento que manifestó que ha recibido, de manera insistente, algún ofrecimiento para vender cigarros piratas, una suerte de acoso comercial por parte de los pandilleros que, con la prohibición, han tomado la ofensiva en la búsqueda de controlar el mercado de la venta de cigarros en el país. ¿Las autoridades están enteradas de esto? El más interesado en el asunto es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hoy queda claro que la comercialización del cigarro legal se ha trasladado al mercado informal con el ambulantaje, tianguis y boleros, colocándolos al lado de los cigarros de contrabando. Y esta situación provoca confusión en los consumidores y los hace, eventualmente, caer en una mala elección de compra al optar por los cigarros piratas por ser más económicos, sin importar poner en mayor riesgo su salud a cambio de hacer falsas economías.
Las autoridades saben que la informalidad no paga impuestos, no aporta nada al desarrollo del país y, lamentablemente, es propiciada con esta prohibición.
Voz en Off
No pierda de vista el caso de los miembros de la Familia Jenkins de Landa, que en 2018 fueron absueltos de los infundados señalamientos y acusaciones, y hoy, dicen, se les vuelve a juzgar por los mismos hechos de los que se les exoneró, violando nuestros derechos humanos…
