Los usos privados del Parque Fundidora rebasan el 50 por ciento de la superficie de lo que podemos considerar como el área verde de mayor importancia en Nuevo León. Esta modalidad para la explotación del espacio público, basada en concesiones para negocios privados diversos, es un mecanismo que requiere ser evaluado por su impacto en el disfrute por visitantes de este sitio relevante.
Un primer acercamiento para entender el impacto de la creciente privatización de Fundidora corresponde a la cuantificación de las superficies de áreas verdes existentes en el municipio de Monterrey, que cumplen con criterios de uso gratuito, tienen arbolado urbano en su interior y cuentan con infraestructura para su disfrute.
Una evaluación de este tipo fue la que realizó en 2013 la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en la que se determinó que ese municipio tenía 704.24 hectáreas (has) de áreas verdes. En vista de que para esa época tenía una población estimada en un millón cien mil habitantes, hace 10 años la capital de Nuevo León poseía 6. 4 metros cuadrados (mt2) por habitante. Considerando estándares de esa misma universidad, donde define un criterio óptimo de 15 mt2 por habitante, se evidencia que se estaba muy lejos de cumplir con esos límites necesarios. Y ese contexto de gravedad se acentúa si contemplamos para el análisis eventos climáticos como la nevada del año 2021, que ocasionó la muerte masiva de árboles en esa ciudad, aumentando el déficit de árboles y espacios verdes.
Es importante mencionar que la privatización de espacios en el Parque Fundidora ocurre a través de modelos de concesiones, en los que se ceden áreas del parque a empresas privadas para su uso y explotación comercial. En particular, una gran cantidad son destinadas a la realización de conciertos, eventos y ferias comerciales que ocupan gran parte del parque la mayor parte del tiempo, como el recién concluido Pa’l Norte. Aunque estas actividades pueden aportar beneficios económicos y culturales a la ciudad, limitan el uso de áreas verdes públicas para la población, lo que tiene consecuencias negativas en la calidad de vida de los habitantes de Monterrey.
La privatización de espacios en el Parque Fundidora reduce las áreas disponibles para el uso público y afecta la accesibilidad de la población a un área verde de gran importancia en la ciudad de Monterrey. Al ceder zonas del parque a concesionarios privados, se restringe la disponibilidad de áreas verdes gratuitas y se privilegia la actividad comercial y de negocios. Además, la infraestructura y servicios que ofrecen los negocios en el parque pueden generar barreras económicas para algunas personas, lo que limita aún más la accesibilidad y el disfrute del área verde.
Esto es especialmente preocupante dado el referido déficit de áreas verdes que existe en la ciudad, lo que implica una menor calidad de vida para los habitantes de Monterrey. La falta de espacios verdes adecuados y suficientes tiene efectos adversos en la salud y bienestar de las personas, así como en el medio ambiente urbano.
El derecho al medio ambiente sano es una regulación reconocida, que incluye la protección y el disfrute de áreas verdes y espacios públicos en las ciudades. Las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano y seguro, lo que incluye el acceso a áreas verdes adecuadas que cumplan con criterios de uso gratuito, infraestructura y arbolado urbano. Estos son espacios fundamentales para el esparcimiento, la recreación, el contacto con la naturaleza y el bienestar físico y emocional de las personas.
Desafortunadamente, los gobiernos de Monterrey y Nuevo León no están garantizando ese disfrute a sus habitantes al respaldar la privatización del Parque Fundidora. Esta exclusión afecta negativamente el acceso y uso de áreas verdes públicas para la población, lo que agrava el déficit de en la ciudad.
La privatización del Parque Fundidora mediante la concesión de áreas públicas a negocios privados es una política que se basa en la explotación de recursos públicos para beneficio exclusivo, lo que resulta en una violación del derecho al medio ambiente sano de los habitantes de Monterrey. Esta supresión afecta la accesibilidad de la población a un espacio público y limita el uso de áreas verdes gratuitas que son fundamentales para la calidad de vida de los habitantes.
Es importante señalar que los espacios públicos como los parques y áreas verdes son propiedad de toda la sociedad y su uso debería estar garantizado para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que pueden pagar por el acceso a espacios privados dentro del Parque Fundidora.
La privatización de estos espacios públicos es una forma de exclusión social y una violación del derecho al medio ambiente sano para aquellos que no tienen la capacidad económica para disfrutar de ellos.
Aunque se puede aducir de modo legítimo que quienes acuden a los conciertos en Fundidora realizan un disfrute de su derecho a la cultura a través de los eventos musicales como forma de expresión artística, esto cae en un conflicto de salvaguardas básicas, donde su resolución debe considerar un contexto en el que podemos establecer claramente que en la ciudad sí existen recintos suficientes para la realización de esas actuaciones musicales; por el contrario, ante la exclusión de decenas de hectáreas en Parque Fundidora por eventos privados, los gobiernos locales no han definido mecanismos de compensación suficientes para lo que se pierde en la más grande área verde de Nuevo León.
Es importante que se tomen en cuenta los aspectos económicos de la privatización de espacios públicos como el Parque Fundidora. Aunque puede haber beneficios financieros para las empresas privadas que obtienen las concesiones, es necesario que se evalúe si estos también se traducen en una mejora para la comunidad y si se están destinando adecuadamente a la conservación y mejora de áreas verdes públicas en la ciudad.
Si la privatización del Parque Fundidora no se refleja en una mejora progresiva del déficit de áreas verdes en la ciudad, debería ser reconsiderada. La existencia de espacios públicos suficientes de esa condición es el contexto indispensable para permitir en su interior la realización de conciertos. Como esa realidad es lejana, la privatización sólo acentúa la carencia y sus efectos nocivos.
Recordatorio: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León tiene una queja contra el gobierno de Nuevo León justo por los hechos que se analizan en esta columna. La reclamación fue recibida personalmente por la ex titular de esa institución Sofia Velasco Becerra, quien, a pesar de su compromiso para gestionarla adecuadamente, no lo hizo. Esa actitud permisiva se mantiene hasta hoy, con la actual presidenta Olga Susana Méndez Arellano.
Twitter: @tonyo_hernandez
