Posponen (otra vez) resolución por ‘tarifazo’ y crece ofensiva contra Sofía Velasco

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, está aprendiendo muy bien algunas de las “estrategias” del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Al igual que el mandatario estatal, González informó el día de ayer que la reunión en donde se discutiría el posible incremento al transporte público, finalmente, no se realizará este miércoles 17 de abril, a pesar de que el propio funcionario afirmó hace una semana que sería precisamente el día de mañana cuando se sesionaría para atender esta problemática.

El secretario general no sólo continúa, al igual que “El Bronco”, posponiendo y retrasando la resolución del conflicto, no se sabe si esperando que todo se resuelva sin necesidad de intervenir (algo imposible, por supuesto), si no que al igual que el gobernador, ahora niega o se le dificulta recordar sus afirmaciones.

Cuestionado sobre la posible reunión que se realizaría este miércoles, el funcionario negó que haya dado esta información, a pesar de que el pasado martes 9 de abril, sí dijo que habría reunión extraordinaria de consejo y que incluso podría publicarse una convocatoria derivada de los acuerdos que se tomaran.

Lo único que parece claro es que el gobierno “independiente” aún no sabe que hacer con el conflicto transportista.

Lo demás, lamentablemente parece ser anecdótico.

Crece ofensiva contra Sofía Velasco

La organización Familias Fuertes Unidas por Nuevo León le tiene la guerra declarada a Sofía Velasco, pues ahora exige que la funcionaria renuncie a su cargo como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

los Derechos Humanos. Un pequeño grupo de este colectivo protestó ayer en las instalaciones de este órgano, pidiendo la renuncia de Velasco por interponer un recurso de inconstitucionalidad por la reforma al artículo 1 de la Constitución local, que crea la llamada Ley Antiaborto.

Ya el pasado 10 de abril, miembros de esta organización acudieron al Congreso local para exigir a los diputados que abran un juicio político contra la presidenta, quizá esperando que al menos una de las dos exigencias pueda prosperar, situación que luce más que complicada.

Marcial Padilla, Carolina Garza y Juan Manuel Alvarado, miembros de este colectivo, aseguran que sí puede proceder un juicio político contra la presidenta, aunque no han dado pormenores del respaldo legal de esta demanda.

Su intención, nos comentan, es seguir ganando notoriedad, pues en realidad será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que diga si procede o no el recurso.

Pero los reclamos no quedan aquí.

El colectivo se atrevió a cuestionar la resolución de esta máxima autoridad de justicia en México, cuando avaló que en Nuevo León se pueden ejecutar matrimonios entre personas del mismo sexo.

Prácticamente este colectivo pidió al Gobierno estatal y al Congreso local ignorar la resolución, al pedir que vetara la decisión de la Corte por la soberanía y autonomía que tiene Nuevo León.