Es un hecho incontrovertible que el ejercicio de gobierno en la presente administración se ha dado en tres vías que han demostrado, paradójicamente, su inviabilidad: la concentración de poder, el control absoluto de los recursos y su distribución sin parámetros de pertinencia y eficacia.
Esta fórmula está cada vez más presente en las leyes, las políticas públicas, el presupuesto y el uso de los recursos. Tal es el caso la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborada por autoridades federales y presentada el 13 de diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados.
Este proyecto está siendo analizado en comisiones, junto con otras iniciativas de diputados y de la sociedad civil. Por el carácter estratégico del tema, se organizó además un parlamento abierto, ya que, en voz del presidente de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier López Casarín, del PVEM, “a nosotros nos corresponde escuchar… procesar lo que cada uno nos tiene que compartir, porque lo que estamos trabajando aquí es una plataforma para un marco jurídico que fortalezca a nuestro país por lo menos por los siguientes 50 años”.
Lo mejor para México es que esta afirmación se convierta en un compromiso, que se escuchen las voces, pero que también se traduzcan en un producto legislativo adecuado a las necesidades del país, y no a la voluntad de la directora del Conacyt, porque el proyecto, tal como fue presentado, en la docta opinión del diputado del PRI, Brasil Acosta Peña, “es un golpe terrible… rompe el eje a la ciencia”, imponiendo un criterio ideológico sobre el pensamiento crítico.
La ciencia no tiene ideología; busca la verdad en un espacio de libertad, aseguró en su oportunidad el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, autor de una de las iniciativas en estudio, e hizo un llamado a tener altura de miras en la elaboración de la propuesta final.
A su vez, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, señaló que, aun cuando se afirme lo contrario en la presentación del proyecto, no se tomaron en cuenta las opiniones de los gremios científico y académico en temas sustantivos.
La mayor de las preocupaciones es la presupuestal, pues se abandona la meta de llegar al uno por ciento del PIB. El gobierno pretende, dice Brasil Acosta, gastar menos y obtener los mismos resultados, pero a la ciencia hay que invertirle lo necesario y más. Esa falta de visión, puntualiza, ocasionará un rezago de 50 años en la materia.
La comunidad científica y organizaciones civiles la han considerado regresiva porque: confundiendo con privilegios los estímulos fiscales, cancela la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación con fines públicos; concentra las decisiones en un órgano subordinado al Ejecutivo Federal; vulnera la libertad de investigación mediante la asignación discrecional del presupuesto y la entrega directa de recursos a becarios e investigadores, sin sujetarlos a planeación y evaluación por parte de instituciones acreditadas. He aquí la citada fórmula del fracaso. La organización civil RedProcienciaMx ha lanzado en su página web un exhorto abierto a firma para detener el proyecto.
Más que oídos, hay que abrir conciencias, porque esta ley es de importancia estratégica para el desarrollo del país. Con el parlamento abierto, ya está operando el instrumento para que la ciudadanía sea verdaderamente el centro de las decisiones legislativas y, por tanto, gubernamentales. Solo falta la voluntad política para funcione de manera efectiva.
