Quien violenta a una mujer, lastima a un país entero. El impacto de este tipo de agresión, en muchas ocasiones cotidianas, trasciende el ámbito de lo privado y lo personal, pues afecta a toda la sociedad en su compleja estructura.
Todos somos educados por una mujer, y si ella es violentada, lo somos todos. Los efectos psicológicos de esta violencia se transmiten y son devastadores, inhiben la capacidad del sano desarrollo individual y colectivo, de contar con una ética y una moral que nos permitan una convivencia armónica y pacífica.
Con la mitad de la población constantemente agredida, un país no crece, no progresa, no tiene la capacidad de cubrir las necesidades y responder a las demandas de sus ciudadanos. Es violento.
Y si, sumado a esta violencia, se somete a la mujer desde temprana edad, sencillamente se le nulifica. Este es el caso del matrimonio o la unión infantil –forzados por la falta de madurez para discernir–, que le arrebatan a las mujeres su libertad en distintos niveles, y las someten a un régimen de opresión continuado. Los hijos, en estas uniones, son el factor de peso para perpetuar la situación.
Este tipo de violencia se comete a una edad en que para la mujer es muy difícil resistir, o hasta imposible, si en su hogar de origen también ha sido nulificada, que es lo usual.
A nivel mundial, una de cada cinco niñas son obligadas a casarse antes de alcanzar la mayoría de edad, en América Latina, el Caribe, África y Asia, una de cada cuatro.
La Unicef calcula que para 2030, más de 120 millones de niñas se habrán casado antes de cumplir los 18 años.
Tan relevante es parar este tipo de violencia, que se le ha reconocido universalmente como violación a los derechos humanos y se convirtió en uno de los compromisos dentro de la Agenda de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas.
México ha avanzado notablemente en materia de equidad de género en las últimas décadas y hemos suscrito diversos instrumentos internacionales, no solo en la materia, sino para promover, proteger, respetar y garantizar el interés superior de la infancia.
Es claro que, mientras exista el matrimonio infantil, tenemos en ambas agendas –protección a la infancia y equidad de género– una asignatura pendiente, inadmisible, por lo menos.
En cuanto a los pasos dados para su solución, Coahuila es pionero: en 2015 prohibió en el Código Civil el matrimonio infantil. Posteriormente, en 2019, la prohibición se incorporó al Código Civil federal, pero, por la materia del derecho de que se trata, se hace necesario replicarla en todos los estados de la República.
No obstante, el trabajo de México para impedir este tipo de violencia continúa. Se destaca la labor de la diputada priista por Oaxaca Eufrosina Cruz Mendoza, de la legislatura en curso, quien tiene una interesante propuesta de penalización.
Pero lo más importante es que los ciudadanos nos preocupemos por estas niñas. Hay algo que cada uno puede hacer: estar en contra, para cesar la normalización de esta violencia contra la mujer y la infancia.
