En un acto de congruencia y justicia el Congreso de la Unión eliminó este pasado 2 de febrero las restricciones que las leyes del IMSS y el ISSSTE imponían, en diversos casos, a las pensiones por viudez. La prohibición estaba ligada a la edad del trabajador y el tiempo del matrimonio. Para esas normas había parejas de primera y segunda. Las personas mayores de 55 años eran sospechosa de amar por conveniencia.
Como resultado de la conjunción de varias iniciativas de diputados federales, incluida la que firmamos mi compañera Marcela Guerra y yo, y tras la aprobación en el Senado de la República, como cámara revisora, esta reforma beneficiará en un primer impacto a miles de mexicanos y paulatinamente a cientos de miles. Con ello, se cumple también un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en sentencia del 12 de noviembre de 2021, resolvió sobre este tema.
La seguridad social es hoy, junto con la seguridad pública, el derecho humano de segunda generación más importante para los ciudadanos; todo Estado tiene la obligación y la inmensa tarea de procurar ambas en su más extensa dimensión y para toda persona. Esto parece sencillo, pero el capitalismo aldeano que padecemos es el principal obstáculo para consolidar un Estado de Bienestar.
La reforma tendrá un importante impacto social y económico a largo plazo para todo el país. Cuando la protección y la economía de los mexicanos mejoran, con ellas, lo hace México. Pero, además, tiene un gran significado en materia de derechos humanos: cumple la premisa, derivada del principio de progresividad de los mismos, de que ningún derecho puede ser restringido o limitado, por ley o autoridad, sin una justificación válida, que no puede ser otra más que el bien común.
No puedo concluir sin insistir que México debe mucho a sus trabajadores y tenemos que eliminar la discriminación y la desventaja.
