Iniciando el año, el presidente de México —con un profundo simbolismo detrás —, en el marco de la celebración de la huelga de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz, anunció que buscará la dignificación de las jubilaciones de las personas trabajadoras, con reformas a leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sus palabras causaron un revuelo impresionante. En las siguientes líneas me ocuparé de analizar por qué ensalza los ánimos.
Cada vez, con mayor frecuencia, las personas buscan retirarse y asistir a sus necesidades diarias con el dinero que reciban de su pensión. El grupo más grande de trabajadores recibirá recursos bajo el amparo de la ley 73 del IMSS, que fue abrogada en 1997, con la entrada en vigor de la nueva legislación. Este cambio separó en dos grandes grupos a los trabajadores, la generación de transición (ley 73) y generación afore (ley 1997). El ISSSTE haría lo propio en el 2007. La mayoría de las personas que pertenecen a la generación de transición tendrán un retiro digno, lo contrario pasa con la generación Afore.
Esta modificación creó un costo fiscal que aumenta anualmente, la aprobación dictó la aceptación del Gobierno federal de pagar con recursos del presupuesto las pensiones de la generación de transición, actualmente es el 22 por ciento del gasto. Su incremento limita el uso de recursos públicos para el desarrollo de otras actividades, como salud o educación.
Dado que los fondos administrados no son utilizados sino hasta varias décadas después, pueden ser empleados para grandes proyectos de infraestructura, esos que requieren años de maduración, y que, en consecuencia entregarán rendimientos tiempo después de haber iniciado operaciones. Bajo esta óptica —que no es la única—, modelos de pensiones con entendimiento de la acumulación, generarán recursos vía capital e intereses, convirtiéndolos en un fondo de inversión por naturaleza, con una sólida capacidad para el crecimiento económico. El tamaño del capital financiero dota de poder económico a quién administre estos recursos.
La reforma priista de 1997, con apoyo del Partido Acción Nacional limitó el monto a recibir por los pensionados. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria publicó en 2018 que en promedio los trabajadores recibirán entre el 20 y el 30 por ciento del último sueldo que tuvieron cuando eran trabajadores activos (porcentaje conocido como tasa de reemplazo). Esto quiere decir, que si tu ingreso laboral era de 100 pesos, una vez retirado estaría entre 20 y 30 pesos, trastocando la vida de millones de mexicanos. En 2020, la reforma presidencial buscó una mejora, elevó gradualmente la tasa de cotización, para alcanzar en 10 años el 15.1 por ciento. Redujo el número de semanas para alcanzar la Pensión Mínima Garantizada y amplió el tamaño del beneficio. Como punto importante, limitó la comisión que cobran las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore).
Las familias se interesan porque de ellas dependerá su tren de vida una vez retirados. El poder económico detrás de las Afore se relaciona con grandes grupos nacionales e internacionales, que no desean ver perdido ese multimillonario flujo de dividendos. El gobierno desea que la población tenga un retiro digno manteniendo un equilibrio en las finanzas públicas.
