El Senado de la República es hoy el epicentro de los trabajos para dar un giro definitivo al sistema de justicia en el país. Instituciones como la Suprema Corte, la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Investigación Financiera, los gobiernos estatales y muchos otros actores, así como especialistas y estudiosos, han empezado la tarea de sistematizar necesidades y escuchar voces involucradas.
En el Senado hay más de una treintena de iniciativas presentadas con propuestas específicas para construir consensos con el resto de las instituciones y planteamientos, a fin de alcanzar cambios en las instancias de administración y procuración de justicia.
Tenemos que actuar con rapidez antes que se rezague más la actualización del sistema de justicia. Considero necesaria y urgente una reforma integral que dote a las instituciones de instrumentos, cuyo resultado sean beneficios directos y palpables para la población.
Algunos de los temas que están en la agenda tienen que ver con una práctica añeja que ha existido en la asignación de plazas en la Corte, la cual está muy bien identificada en un informe especial de ese Poder de la República, consistente en la contratación de familiares y/o “amigos”.
Es necesario tener mejores mecanismos que eviten estas prácticas para que los juzgadores en todas sus instancias, desempeñen su función sin condicionamiento alguno, apegados a la independencia e imparcialidad que demandan estos tiempos.
Este escalón de la transformación es básico para acabar con el intercambio de favores, que las plazas sean entregadas por méritos y el personal responda a la mística del servicio público. En este caso refrendo plenamente el espíritu de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer la autonomía y sanear nuestra vida pública.
Por lo que hace al sistema penal acusatorio que aplica en nuestro país desde hace unos años, la meta es actualizar el catálogo de delitos para que las conductas sean claramente tipificadas y se cierre el riesgo de impunidad, además de dar garantías a los juzgadores que revisan casos delicados con temas como corrupción y delincuencia organizada.
Esa es una prioridad, como lo estableció en diversos foros el senador Ricardo Monreal, conocedor del tema como doctor en Derecho e impulsor de este esfuerzo de transformación del sistema de justicia. El objetivo es contemporizar la norma a lo que ocurre en la vida cotidiana.
Para el caso de nuestro enfoque legislativo en perspectiva de género, se tiene como punto de partida realizar una reforma integral que dé cumplimiento efectivo al acceso a la justicia, sin discriminación, sin estereotipos ni prejuicios.
Tenemos que avanzar en la integración paritaria de los órganos de procuración y administración de justicia, dando paso a la paridad de género en el Poder Judicial.
Debo reconocer que en los aspectos mencionados sobre los juzgadores y la Corte, su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, ha tomado iniciativas para atender y corregir lo que por años se buscó consolidar. Y por tanto estamos en el umbral de concretar cambios benéficos en las normas.
Son tiempos de adaptación individual e institucional. Es una gran demanda social y una oportunidad.
