No al Matrimonio Infantil

Una y otra vez seguiremos rechazando el matrimonio infantil, porque ninguna niña o niño debe ser obligado a casarse, a vivir en concubinato o en pareja. Nada, absolutamente nada, justifica el matrimonio infantil.

Por eso en el Senado de la República avalamos una reforma el Código Penal Federal, a fin de establecer un tipo penal autónomo que sancione a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona en forma constante y equiparable al matrimonio.

La reforma establece como delito la acción de cohabitar de manera forzada con menores de 18 años o con personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, así como a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con una persona mayor de 18 años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.

Además, prevé que este delito sea imprescriptible y que al responsable se le imponga una pena de ocho a 15 años de prisión, pena que aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

En México, una de cada 100 niñas entre los 12 y 14 años son obligadas a casarse, de acuerdo con la organización Save The Children; mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que para 2021, en el país cada día se registraron 38 uniones forzadas en el país.

En México alrededor de 326 mil mujeres fueron obligadas a casarse en contra de su voluntad, y 193 mil se casaron a cambio de dinero, propiedades o regalos a sus padres para que celebraran matrimonios “arreglados”, según el Inegi.

Hemos sido testigos a través de los medios de comunicación que en algunas comunidades indígenas las niñas y adolescentes son vendidas para contratar matrimonio, y que algunas de ellas al negarse se les encarcela.

El matrimonio infantil no se puede justificar por usos y costumbres, ni por cuestiones económicas, es decir, no tiene justificación alguna, y por eso me congratula que ahora sea considerado un delito, para que quien lo incite, motive y obligue sea castigado.

Es inaceptable que las y los menores de edad sean obligados a casarse en contra de su voluntad y sin su consentimiento, por ello es que el matrimonio forzado debe ser considerado una forma de violencia, pues aunque en su mayoría afecta a niñas y adolescentes, también se da en niños y adolescentes varones.

Hoy como nunca como legisladores debemos velar porque la ley se lleva al pie de la letra, porque no basta con que se aprueben reformas, si en el día a día estás malas prácticas seguirán preservando por la impunidad y la corrupción.

Confiamos en que los Congresos estatales homologuen sus leyes para que el matrimonio infantil o cualquier unión con menores de forma forzada, con o sin su consentimiento, sea considerado un delito y se puedan aplicar las sanciones establecidas.