Si un mérito tiene la actual administración federal, es la comunicación de sus planes, objetivos y logros. El eslogan “mover a México”, ha venido acompañado de varias generaciones de anuncios publicitarios.
La primera generación anunció el Pacto por México, la segunda promocionó las diversas iniciativas de reformas. La tercera generación describía el contenido de las reformas y la actual gira en torno a la gran conclusión del segundo informe de gobierno: la etapa de implementación.
El discurso es impecable, en el informe solo se hizo gala del auge reformista, la voluntad política a su alrededor, las áreas prioritarias de gasto público y los proyectos de infraestructura presentes y pasados.
Conocedores de que las cifras actuales no son muy alentadoras, se omitió la parte de los resultados. Las únicas dos variables que se mencionaron en todo el informe fue la creación de nuevas plazas laborales y las medallas obtenidas en el año por deportistas mexicanos.
Todo lo anterior fue presentado al auditorio en forma ordenada para llevarlo a la conclusión de que México ya cambió, de que estamos en la senda correcta y nos exhorta a un cambio de actitud. Solo faltó llamarnos a administrar la abundancia.
Sin embargo hay (a mi entender) tres puntos que el gobierno parece que no esta tomando en cuenta.
El primero es que el contenido de las reformas sea suficiente y adecuado para potenciar los sectores elegidos. Uno de los principales problemas del arreglo institucional actual es la dificultad de su cabal cumplimiento y las barreras que esto representa para el desarrollo.
Se entiende a las instituciones como las “reglas del juego” y si estas no son claras, dejan mucho lugar a la interpretación o dan excesiva discrecionalidad a la autoridad (y por ende, incertidumbre al ciudadano).
Se supone que ese fue el primer objetivo del paquete de reformas, encausar sectores considerados como estratégicos y que la evaluación inicial del gobierno encontraba que estaban mal encaminados.
El segundo es que no hayan faltado áreas que reformar. De antemano se entiende la dificultad de encontrar consensos y voluntad política y la tarea titánica que es promulgar once reformas en veinte meses.
Sin embargo, si vamos a hablar de que México ya está en el camino al desarrollo, quiere decir que el marco institucional ya es el adecuado en todos los sectores primordiales.
Pero considero que el tercer punto es el más importante y es que la implementación no va a ser sencilla y que un “cambio de actitud” no basta.
México tiene una tasa cercana al 97 por ciento en impunidad en delitos del fuero común, de manera que existen incentivos para algunos actores a no seguir “las reglas del juego”.
Los altos niveles de corrupción a nivel gobierno y la impunidad, representan una amenaza a que las reformas “se queden en el papel” y que solo hayan sido desperdicio de voluntad política.
La teoría económica es tajante al respecto. El premio Nobel de economía Gary Becker mencionaba que la comicidad de crímenes está directamente vinculada a la probabilidad de que quien delinque reciba en efecto un castigo.
Es por ello que la etapa de implementación no se puede amparar en un simple llamado a cambiar de actitud, debe venir acompañado de una disminución (severa) de la impunidad. De lo contrario no vamos a “mover a México”.