En la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Luisa María Alcalde, surgieron las preocupaciones, luego del “golpe de estado” que le dieron a la diputada local morenista, Anylú Bendición Hernández, por parte de siete legisladores de su bancada, para quitarle la coordinación, ya que el único que la apoyó fue el legislador Jesús Elizondo.
De entrada ya había un consenso entre Morena, PAN, PRI y PRD para no aprobar en diciembre la solicitud de deuda por 15 mil millones de pesos al gobernador Samuel García, y tampoco el presupuesto como él quería, sino que esperaban incluir, también, recursos a alcaldes y organismos autónomos, cosa que habría cambiado, ahora con Mario Soto como nuevo coordinador de los morenistas.
Pero, lo que más preocupa no es eso, sino que el gobernador deberá ser procesado con juicio político en el Congreso local, porque así lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por anomalías en el proceso electoral pasado.
Sin embargo para ello se requiere la mayoría calificada, es decir 28 votos de los diputados, pero ahora Morena está dividido y sus “golpistas” están más a favor del gobernador, que en contra, por lo tanto, no votarían a favor del juicio político, por lo que Samuel García puede dormir tranquilo.
Cambios en la COCRI
La bronca no para ahí, porque los acuerdos que logró la bancada de Morena con los grupos legislativos del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional están a punto de romperse debido a estas diferencias internas.
Al menos, el acuerdo más a la mano, el que está por caerse, es el de la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI), que aunque le toca presidirla al PAN, el coordinador, Carlos de la Fuente, la había cedido a Morena, con Anylú Bendición Hernández como presidenta.
Sin embargo, ya con Mario Soto como coordinador del grupo legislativo de Morena la cosa cambia, por su cercanía con el gobierno del estado, y por consecuencia, el PAN está a nada de retomar la presidencia de la COCRI.
Habrá que estar al pendiente de lo que suceda, y si es que los de Morena llegan a acuerdos con PAN, PRI y PRD, cosa que se antoja difícil.
Incongruencia de panistas y priistas
Mientras diputados del PRI y PAN han comenzado acciones legales y mediáticas contra el aumento de la tarifa del transporte público, ellos mismo avalan el incremento de los valores catastrales.
Legisladoras como la priista Lorena de la Garza, la panista Claudia Caballero, Armida Serrato, entre otros legisladores, se apostaron en la estación de Cuauhtémoc para recabar firmas de los ciudadanos para que no se incremente la tarifa.
Sin duda, esto demuestra la incongruencia de los panistas y priistas, quienes condenan el incremento del Gobierno estatal en el transporte, que dicho sea de paso tiene más de 20 años con la misma tarifa, y por otro lado aprueban la actualización catastral para el municipio de Monterrey, cuyos ciudadanos pagarían un 31 por ciento más en el impuesto predial.
Lo más curioso es que los miembros de estos partidos se quejan de que los valores catastrales tienen años sin actualización en los municipios que gobiernan, pero no aceptan la misma justificación en el transporte.
