En estos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó una sentencia que es muy importante para los derechos humanos en México.
A partir de esta determinación, la CIDH ordena que el Estado mexicano elimine de su ordenamiento jurídico la prisión preventiva oficiosa y el arraigo por ser violatorios de la integridad personal y de la protección judicial. También establece brindar a las víctimas atención médica, psicológica o psiquiátrica, así como reconocer su responsabilidad internacional.
México tiene un año para dar cumplimiento a esta sentencia, por lo que es urgente que se dé inicio a los trabajos para acatar lo dictado por la Corte Interamericana.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia la Nación ha reconocido que las sentencias internacionales son de cumplimiento obligatorio, de este modo, es necesario emprender esta labor inmediatamente.
En el discurso populista de Morena se ha utilizado a la prisión preventiva oficiosa y al arraigo como los remedios mágicos para detener a la delincuencia, sin embargo, estas medidas cautelares sólo han servido para mantener privados de la libertad a los enemigos del Presidente y a cientos de miles de posibles inocentes que esperan su juicio en prisión.
El primer mandatario mexicano también ha criticado las resoluciones de la Suprema Corte que, con apego a los derechos humanos, han declarado inconstitucional y violatorio de derechos a la prisión preventiva oficiosa contra delitos en los que claramente estas medidas son excesivas.
Según los estándares internacionales, dicha medida cautelar debe aplicarse de conformidad con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y siempre debe ser de carácter excepcional. Es decir, debe ser la excepción y no la regla, precisamente al revés de lo que ocurre bajo este Gobierno.
La responsabilidad que hoy tiene México frente a la comunidad internacional es enorme y debe elegir, entre ser un país donde se respetan los derechos humanos y se garantiza el debido proceso, o ser un país autoritario donde se usa la prisión para silenciar a quienes piensan distinto o contra quienes no tienen los recursos económicos para defenderse.
Con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentaré una iniciativa que derogue la prisión preventiva oficiosa y también presentaré una excitativa para que el pleno del Senado de la República apruebe, de una vez por todas, el dictamen que deroga al arraigo y que ya ha sido aprobado en comisiones y sólo falta la discusión y aprobación en la última instancia.
